En la Cámara ya avanzan las discusiones para consolidar la ley de competencias

Cúcuta fue el escenario de la segunda de diez audiencias programadas para alcanzar consensos orientados a fortalecer la autonomía regional y promover la descentralización en el país.

Por: Argemiro Piñeros Moreno

 

A contrarreloj se adelantan los debates en la Comisión Primera de la Camara de Representantes que buscan construir un acuerdo en torno al proyecto de ley de competencias, el cual complementará la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) y apunta a fortalecer la autonomía regional. Esta vez, el turno fue para Cúcuta (Norte de Santander), luego que el primer debate se hubiera realizado en Bogotá.

 

La instalación estuvo a cargo del representante Gabriel Becerra Pacto Histórico, presidente de la Comisión Primera de la Cámara, mientras que la coordinación de la jornada fue asumida por el representante Heráclito Landines, del mismo partido, ponente y coordinador del proyecto, la convocatoria reunió a delegados del Gobierno, gremios de maestros, líderes estudiantiles, concejales, diputados, organizaciones sociales y representantes de varios municipios del departamento.

 

El proyecto plantea una nueva distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones. Los recursos adicionales estarían destinados a financiar el cierre de brechas territoriales en tres sectores priorizados: educación, salud y agua potable y saneamiento básico; al fortalecimiento institucional para la descentralización; y al cumplimiento de compromisos con pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, al igual que ocurrió en Bogotá, la iniciativa ha enfrentado críticas sobre su alcance y efectividad.

 

 

En la primera audiencia, el secretario general de la Alcaldía Mayor, Miguel Silva, fue contundente: “Este proyecto no está recogiendo el centro de la preocupación: la discusión sobre las competencias. No es solo un tema de recursos, es un tema de responsabilidades y de capacidad real de gestión en los territorios”. En Cúcuta, esa misma inquietud volvió a expresarse desde distintas voces, pero con un mismo trasfondo.

Leonardo Rojas, representante de la Federación Colombiana de Municipios, advirtió que el proyecto requiere un rediseño porque no es claro cómo se distribuirían y asignarían las competencias. “Lo que vimos es que en este proyecto de ley se plantean principalmente las necesidades de financiamiento del gasto en educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Sin embargo, se deja de lado uno de los temas más cruciales: definir qué competencias se asignan a cada nivel de gobierno y cuál será el mecanismo para su distribución a las entidades territoriales”, señaló.

 

 

Y fue más allá: “Los alcaldes tienen que ir a Bogotá a gestionar vías terciarias o microacueductos. Eso es lo que no puede seguir pasando”. En esa misma línea coincidió Hugo Cárdenas, secretario jurídico de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), quien advirtió que, si se asignan nuevas responsabilidades a los municipios sin los recursos suficientes, “lo que se estaría haciendo es descentralizar la miseria”.

Por su parte, Carlos Alfredo Filleral, del municipio de Chinácota, puso cifras a la preocupación: más de 400 municipios no cuentan con la capacidad institucional ni financiera para asumir las competencias que el proyecto pretende transferir.

 

 

A pesar de esos cuestionamientos los delegados ministeriales justificaron la urgencia del proyecto con cifras. El Ministerio de Vivienda informó que 5,2 millones de personas no tienen cobertura de acueducto, 16,2 millones consumen agua con algún nivel de riesgo sanitario, y se necesitarían 126 billones de pesos para cerrar las brechas en agua y saneamiento. «Si esta ley no sale, necesitamos 60 años para resolverlo», advirtió el delegado del viceministerio de Agua, Sigismundo Rodríguez.

El Ministerio de Educación, por su parte, señaló que en los últimos 25 años el sector perdió cerca de 320 billones de pesos por las reformas constitucionales que recortaron el SGP, lo que dejó a Colombia por debajo del promedio latinoamericano en inversión por estudiante, con 1,6 millones de niños y jóvenes todavía por fuera del sistema escolar.

 

La delegada del Ministerio del Interior, Griselda Restrepo, informó que el proyecto ya surtió consulta previa con las comunidades indígenas entre agosto y agosto de 2025, y que el texto recibió más de 3.000 observaciones durante su elaboración.

 

Quedan ocho jornadas más, desde el Putumayo hasta la Costa Caribe, pasando por Cali, Pasto y el Oriente colombiano. El proyecto de ley aún tiene mucha tela por cortar. Por ahora, la Comisión Primera escucha. El reto de legislar llega después.

 

 

 

 

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