Así busca la Cámara modernizar al sector de la vigilancia y la seguridad privada

El proyecto de ley, presentado entre otros, por los representantes Alejandro Toro y Leyla Rincón, está para la discusión de la Comisión Segunda.{

Por: Argemiro Piñeros Moreno

 

Uno de los flagelos diarios en todo el país es la inseguridad, no sólo el conflicto armado que ha vivido el país durante décadas, sino en particular la situación en las ciudades que son golpeadas por la llamada delincuencia común, lo que obliga a las autoridades locales a disponer de planes especiales de seguridad, en los que las empresas privadas de seguridad se han convertido en su socio especial para hacerle frente a esas bandas.

Desde la Cámara de Representantes este es un asunto que ha llamado la atención, razón por la cual banca del Pacto Histórico en cabeza de los representantes Dabid Alejandro Toro (Antioquia), Leyla Rincón (Huila) y Andrés Cancimance (Putumayo), radicaron un proyecto de ley con el cual se busca dictar medidas “para la dignificación, desarrollo y progreso del sector de vigilancia y la seguridad privada”, iniciativa que le correspondió ser estudiado por la Comisión Segunda Constitucional y que está agendado para ser debatido en las próximas sesiones de la presente legislatura.

 

Al respecto, el representante Toro, al explicar el proyecto, sostiene que “busca parametrizar de forma explícita el alcance para las empresas y trabajadores de la Vigilancia y Seguridad Privada en temas como las funciones, uso de armas menos letales, implementación tecnológica mediante el uso de minutas electrónicas para control y reporte, y conservar el personal del sector”.

 

Los autores del proyecto mencionan además que uno de los propósitos de la vigilancia y seguridad privada, en cualquiera de sus modalidades, es “disminuir y prevenir las amenazas que afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal y el tranquilo ejercicio de los derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección, sin alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos o libertades públicas de la ciudadanía y sin invadir la órbita de competencia reservada a las autoridades”.

Los miembros del Pacto Histórico llaman además la atención que se debe propender por las condiciones laborales en las que están contratados los vigilantes, quienes son el eje central de esta labor. En el articulado del proyecto de la misma forma se plantea la necesidad de regularizar el uso de herramientas tecnológicas, armas menos letales y uniformes.

 

Toro, el coordinador ponente, recuerda que el sector de la Vigilancia y la Seguridad Privada nació en Colombia de “una forma informal y como respuesta a contribuir en fortalecer la seguridad física y personal de los ciudadanos, en cada uno de los rincones de nuestro país”, por lo que tan sólo hasta hace 32 años mediante el Decreto Ley 356, se reglamenta y crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, para que ejerza actividades de autorización de servicios, control operativo de los mismos, supervisión de sus actividades y un régimen sancionatorio en caso de faltas o fallas en sus servicios.

Esa labor de seguridad y vigilancia, en un comienzo se le permitió ejercerla a las empresas, cooperativas y departamentos de seguridad, por lo que se dispuso que además de tener los mejores equipamientos en cuanto a tecnología, equipo automotor y logística, su personal operativo debía tener una formación académica y permanente capacitación en temas de seguridad.

 

 

Recomienda además el proyecto que la nueva ley sea precisa para el cumplimiento de las horas de los aspirantes y/o vigilantes que realizan cursos de capacitación y entrenamiento en miras a fortalecer sus habilidades y conocimientos en su labor. “La función principal de la seguridad privada, por ser de carácter privado debe prevalecer en prevenir, controlar, disuadir y promover el respeto a las personas y sus bienes, por lo que esta iniciativa busca implementar el uso de armas menos letales en su servicio, siempre que cuenten con la autorización del medio tecnológico y póliza de responsabilidad civil extracontractual, promoviendo el respeto a las personas y a sus bienes. Cuya finalidad es disminuir el número de mortalidades y severidad de lesiones”, explican los representantes Toro, Rincón y Cancimance.

El llamado de los congresistas del Pacto Histórico, es que urge “dignificar y humanizar, todos los servicios de la seguridad y vigilancia, que se desarrollan a través de los trabajadores, puesto que por las jornadas extensas y a la naturaleza del servicio, sus labores son permanentes las 24 horas al día, 30 días al mes y estos trabajadores, por la falta de políticas que minimicen los riesgos de afectación de la salud, en muchas ocasiones se traducen en costos para productividad para el sistema de salud del mismo Estado, generando enfermedades profesionales, que impiden el normal desempeño de funciones, limitando el cumplimiento de los ciclos de productividad de un trabajador”.

Propone además el proyecto la implementación de las minutas electrónicas las cuales además se podrán compartir con las diferentes entidades que conforman la seguridad privada, como también con los directores de operaciones, coordinadores de atención al cliente, supervisores.

 

Un punto que además se destaca en la ponencia es el uso de armas menos letales que garanticen la seguridad de los guardas de seguridad privada, “toda vez que les permite hacer frente a situaciones de seguridad, siendo una herramienta para disuadir a los agresores y detener situaciones de riesgo sin tener que poner en riesgo su vida y la de otros, disminuyendo los índices de mortalidad en nuestro país.  Otro de los aspectos positivos de implementar el uso de armas menos letales es garantizar la estabilidad laboral  de los vigilantes, puesto que cuando un agente de seguridad privada, que ha dedicado toda su vida a la profesión, por alguna razón no pasa el examen de aptitud para el manejo de armas de fuego o el examen psicofísico, ya sea debido a la pérdida de audición o a algún deterioro de la visión debido a la edad, no puede prestar servicio en los lugares donde se requiere el uso de armas de fuego”.

Los congresistas recuerdan que tradicionalmente en Colombia el uso de las armas con letalidad reducida era exclusivamente de uso militar, pero con el paso del tiempo se incluyeron dentro del equipamiento de la Policía Nacional, por lo que debido a sus ventajas y reducción de riesgos se busca que las armas menos letales sean implementadas empresas de Seguridad y Vigilancia Privada.

Resaltan que las armas de letalidad reducida cumplen un propósito significativamente distinto al de las armas letales, esto porque su objetivo es la de preservar vidas, “abarcando tanto la del potencial agresor como la del potencial agredido, con el objetivo de forjar una sociedad que genuinamente valore la vida, se hace imperativo considerar la utilización de armas menos mortíferas. Estas herramientas, diseñadas para minimizar el riesgo de pérdida de vidas humanas, ofrecen una alternativa más humanitaria en situaciones conflictivas”.

 

Toro, Rincón y Cancimance, ratifican que el proyecto de ley es reconocer el servicio prestado por los miembros del sector de la seguridad privada y la vigilancia, “los cuales desempeñan una labor de suma importancia en torno a la protección de los derechos de la ciudadanía, sin incurrir nunca en las competencias propias de la Fuerza Pública”.

 

 

 

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