Garantías democráticas y respuesta institucional frente a las Alertas Tempranas electorales

¿Cúal es la capacidad institucional para responder a los retos que se presentan?

Por: Gregory Montenegro

 

Ante este interrogante, la discusión se planteó en un debate de control político liderado por la representante Catherine Juvinao, quien insistió en evaluar la capacidad institucional para responder a las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en el marco de los próximos comicios. La sesión giró en torno a las preocupaciones por el deterioro de la seguridad, la protección de las comunidades en riesgo y las condiciones para ejercer el derecho al voto en los territorios más afectados por la violencia.

 

 

 

Advertencias tempranas y riesgos materializados

Durante el debate, la representante Catherine Juvinao recordó que este ejercicio era la continuidad del control político realizado en 2023 sobre la política de Paz Total. Señaló que, desde esa época, se alertó sobre fallas estructurales que hoy —según indicó— se han hecho realidad en el territorio. “Lo advertimos en 2023, y hoy todos estos riesgos se materializaron”, afirmó, al subrayar el recrudecimiento de la violencia y la expansión de estructuras ilegales. Indicó que las disidencias “pasaron de 1.800 a 6.721 integrantes”, lo que representa un crecimiento del 261 %, con impactos visibles en los territorios.

Juvinao hizo énfasis en el aumento del reclutamiento de menores, un fenómeno que calificó como “exponencial” y que, según los datos expuestos, supera el “1000 % durante este gobierno”. Para la representante, este escenario refleja una grave vulneración de los derechos de la niñez. “Este país está bombardeando a su propio futuro”, expresó, cuestionando la eficacia de las medidas destinadas a prevenir la vinculación de adolescentes a grupos armados, especialmente en comunidades indígenas del Cauca.

 

 

Protección reforzada y estándares internacionales

De otra parte, la representante Jennifer Pedraza, advirtió sobre declaraciones oficiales que, a su juicio, desconocen el estatus de los menores reclutados como víctimas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario. “Es un mensaje revictimizante para quienes ya han sido vulnerados por la ausencia del Estado”, señaló. Recordó que las Alertas Tempranas, incluidas las relacionadas con desplazamientos masivos en el Catatumbo; advertían riesgos para líderes sociales y comunidades étnicas que, según dijo, no fueron atendidos oportunamente. “La mayoría de los jóvenes reclutados son indígenas”, afirmó, insistiendo en que ninguna operación militar puede ignorar el principio de humanidad, enfatizó la congresista.

 

“La presión no viene únicamente de los grupos ilegales, también viene del clientelismo, la manipulación electoral y el chantaje en las grandes urbes”

 

Desde otra perspectiva, el representante Gildardo Silva Molina, del Pacto Histórico, llamó la atención sobre la necesidad de entender las Alertas Tempranas electorales como un fenómeno que no se limita únicamente a la presencia de actores armados. “La presión no viene únicamente de los grupos ilegales”, sostuvo. “También viene del clientelismo, la manipulación electoral y el chantaje en las grandes urbes”. Advirtió que estas prácticas también comprometen la libertad del elector y que es necesario fortalecer el papel de la Defensoría y la Fiscalía para garantizar procesos transparentes. “No podemos permitir que se repita un Congreso con más del 30 % de sus miembros comprometidos con aparatos ilegales”, dijo.

 

 

Respuesta estatal y acciones del sector defensa

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, presentó un balance del trabajo institucional en los territorios priorizados. Indicó que el sector ha participado en 179 sesiones del CIPRAT(Comisión Intersectorial para Respuestas Rápidas, Alertas Tempranas)  y 962 mesas técnicas, además de implementar la Directiva 24 de 2025, que establece los lineamientos para atender las alertas. “Enfrentamos un problema estructural del país, supremamente complejo”, afirmó, y señaló que la Fuerza Pública opera bajo parámetros constitucionales y del Derecho Internacional Humanitario.

El ministro informó que se han realizado 1.404 combates, con 13.666 neutralizaciones, de las cuales “el 96 % corresponden a capturas o desmovilizaciones”. Sobre la lucha contra las economías ilícitas, destacó la incautación de más de 2.700 toneladas de cocaína y la destrucción de infraestructura criminal “cada 40 minutos”. Frente a las operaciones en zonas donde podría haber menores reclutados, señaló que se actúa buscando “el mal menor” y bajo dilemas éticos complejos en los que se prioriza la protección de la vida civil.

 

Elecciones con mayores garantías

Aunque las posturas expresadas durante el debate ofrecieron lecturas distintas del panorama nacional, todas coincidieron en la necesidad de reforzar las medidas de prevención, protección y respuesta institucional frente a las Alertas Tempranas electorales. La protección de líderes sociales, comunidades étnicas, población rural y menores reclutados fue reconocida como una prioridad inaplazable.

La Comisión de Derechos Humanos continuará el seguimiento a estas situaciones, ratificando su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la transparencia y la garantía del ejercicio democrático en todo el país.