Pueblos Indígenas y Estado Colombiano: coordinación para construir y fortalecer soluciones de paz desde los territorios
Maricela Londoño
“Pensemos a Colombia en Paz” es una apuesta por la integración de todas las instancias comprometidas con el fortalecimiento de la confianza, el diálogo y la construcción de rutas de entendimiento entre los diversos actores presentes en los territorios.
Durante el sexto encuentro, realizado en Mitú (Vaupés), líderes de 27 etnias presentaron propuestas en materia de salud, educación, seguridad y protección de la vida en todas sus expresiones. La Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, junto con la Procuraduría, la Policía Nacional, el Ejército y la academia, se comprometieron a convertir las conclusiones del encuentro en acciones concretas de política pública.
Desde tempranas horas, el coliseo de la Universidad Sergio Arboleda comenzó a llenarse con delegaciones indígenas que habían llegado por río desde comunidades apartadas del Vaupés. El motivo: el sexto encuentro “Pensemos a Colombia en Paz”, una iniciativa de la Comisión Legal de Paz y Postconflicto de la Cámara de Representantes, que busca que sean las comunidades —y no los escritorios en Bogotá— quienes definan las prioridades de la implementación de la paz.
“Hoy no venimos a hablar. Venimos a escuchar”, señaló el representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, Hugo Danilo Lozano Pimiento, al instalar el evento. Pidió que las intervenciones fueran concretas y orientadas a soluciones: “La paz no se firma, se construye. Se construye aquí, con ustedes”.
En la mesa principal lo acompañaban autoridades civiles, de control, de la fuerza pública y de la academia: el procurador regional del Vaupés, David Sampayo; el secretario general de la Comisión de Paz y Postconflicto, Daniel Reyes; la directora de Educación Continua y Consultoría de la Universidad Sergio Arboleda, Ana Paola Osorio; el decano de la Escuela Mayor de Derecho, Hernán Gonzalo Jiménez Barrero; y el coronel Andrés Felipe Ardila, comandante del Departamento de Policía del Vaupés.
Más tarde se sumó el coronel Jorge Medina, comandante del Batallón de Infantería de Selva N.º 30 del Ejército Nacional.
Desde el inicio, fue evidente el carácter del encuentro: no era institucional, sino comunitario. Las autoridades escuchaban y tomaban nota; las comunidades hablaban. Una de las reglas establecidas fue que cada líder de mesa tendría tres minutos para presentar conclusiones y propuestas, no para describir problemas.
“Los problemas ya los conocemos —dijo Lozano—. Hoy necesitamos soluciones.”
Las intervenciones reflejaron un panorama común: la ausencia histórica del Estado en salud, los riesgos para la niñez y juventud, y un sentimiento compartido de abandono. Santiago Ortiz, uno de los líderes indígenas, describió la situación sanitaria en varias comunidades como “un sistema que no llega hasta donde la gente se enferma”. Explicó que no hay personal permanente en los puestos de salud y que las remisiones se convierten en trámites que ponen en riesgo la vida.
“No pedimos solo médicos; pedimos respeto por nuestra medicina ancestral. Si se complementan, salvamos vidas”, afirmó.
Otro de los voceros, Julio César Rodríguez, representante de las veedurías departamentales, entregó una solicitud formal a la Comisión para incluir a Mitú y sus corregimientos en la priorización de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
“Tenemos desplazamiento histórico, pobreza estructural y condiciones iguales a las de otros PDET. La exclusión del Vaupés profundiza las brechas”, señaló al entregar el documento.
Sandra Lucía Rodríguez, lideresa de una de las mesas, pidió fortalecer los procesos educativos para prevenir el reclutamiento infantil.
“La prevención no se hace con patrullas. Se hace con identidad y con escuelas vivas”, afirmó.
Por su parte, Tomás Neira, otro de los voceros, propuso proyectos productivos sostenibles que generen empleo para jóvenes en agricultura, artesanías y turismo comunitario.
“No queremos asistencialismo. Queremos trabajar”, enfatizó.
La intervención más conmovedora fue la de Juana Marcela Córdoba, lideresa de mujeres de Mitú:
“El Vaupés tiene la segunda tasa más alta de suicidios del país. En 2023 hubo 68 intentos, y 35 fueron de niños y adolescentes entre los 10 y 19 años.”
Pidió contar con psicólogos permanentes, programas de prevención y redes comunitarias de acompañamiento emocional.
En respuesta, el procurador regional del Vaupés, David Sampayo, confirmó que las problemáticas señaladas coinciden con las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, relacionadas con reclutamiento, desplazamiento y riesgo para líderes sociales.
“Esto ya está documentado y tiene seguimiento, pero necesitamos que las decisiones lleguen a tiempo”, advirtió.
Finalmente, Daniel Reyes, secretario general de la Comisión de Paz, explicó que las conclusiones del encuentro se convertirán en insumos legislativos:
“Lo que aquí se diga viaja a Bogotá convertido en propuesta de ley. Ya existe un proyecto para extender la priorización territorial. El Vaupés entra en la discusión.”
La academia expuso una ruta concreta
Ana Paola Osorio, directora de Educación Continua de la Universidad Sergio Arboleda, afirmó que los problemas de salud no se resolverán si el personal continúa formándose fuera del territorio.
“Cuando un joven del Vaupés estudia medicina en otra ciudad, no vuelve. Hay que formar aquí a quienes atenderán aquí”, señaló.
El decano Hernán Gonzalo Jiménez Barrero complementó:
“Sistematizar lo que se escucha es convertirlo en obligación institucional. Si no, el dolor de la comunidad queda archivado”.
El bloque de seguridad cerró la jornada
El coronel Andrés Felipe Ardila, comandante de la Policía del Vaupés, advirtió que, aunque delitos como el secuestro o la minería ilegal no tienen una presencia fuerte en el departamento, sí se ha incrementado la violencia intrafamiliar y el reclutamiento mediante engaños.
“No llegan con fusiles. Llegan con promesas de trabajo y dinero; eso también es reclutamiento”, afirmó.
Por su parte, el coronel Jorge Medina, del Ejército Nacional, dejó una reflexión final:
“La paz empieza en la casa. No podemos exigir paz afuera si adentro hay violencia”.
Cuando la sesión llegó a su fin, Lozano recogió la voz de la sala:
“La paz es cambiar la vida de la gente. No es un discurso, es una decisión”.
Las conclusiones de cada mesa serán sistematizadas en un documento que la Comisión Legal de Paz entregará a los ministerios responsables. Las comunidades se marcharon como llegaron: por el río. Pero esta vez, con la sensación de haber hablado y —por fin— haber sido escuchadas.
Deseamos que estas voces, sentires, propuestas y soluciones se integren en las rutas que se proyecten desde las diferentes instancias correspondientes, para frenar los hechos de violencia y fortalecer los caminos de paz y dignidad que merecen los pueblos y los territorios.
La información, puntos de vista, ideas, percepciones y posición ideológica expresadas son responsabilidad única y exclusiva de sus autores


Deja una respuesta