A un debate en Cámara de Representantes para ser realidad la Jurisdicción Agraria, un avance histórico para el campo colombiano.

La creación de la jurisdicción agraria tiene tres componentes: un acto legislativo que implica una reforma a la constitución que ya se hizo, luego se aprobó una ley estatuaria, por ser la justicia un derecho fundamental, y finalmente un proyecto de ley ordinario para reglamentar las competencias y principios, es una ley de implementación, la cual está pendiente a un debate en la plenaria de la cámara, se espera se logre en los próximos días. 

 

Por: Maricela Londoño

 

En un escenario sin precedentes que trae a la memoria la razón de las violencias en los últimos 80 años en nuestro país, las luchas históricas del campesinado, de los Pueblos Indígenas y Negros por el derecho a la tierra, y la puja que se ha llevado las últimas 4 generaciones de nuestra historia colectiva, cotidiana, macondiana, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, sancionó el pasado 27 de marzo en Cereté, Córdoba, la Ley Estatutaria 2570 de 2026, por medio de la cual se modifica la ley 270 de 1996, se determina la integración y estructura de la jurisdicción agraria y rural, y se adoptan otras disposiciones.

 

Una iniciativa del Gobierno Nacional acompañada con voceros de diferentes líderes del Páramo de Berlín, de la ANUC, de los Pescadores Artesanales, del pueblo Ze denú, entre otros, que tiene como objetivo crear jueces y tribunales de justicia agraria especializados, que decidan sobre los aspectos concernientes con la propiedad rural, los límites territoriales y procesos de restitución, evitando que las y los campesinos tengan que esperar décadas en juzgados civiles congestionados, que a la larga dilatan y generalmente nunca resuelven.

Esta nueva rama del poder judicial busca resolver conflictos sobre la tenencia de la tierra de forma pacífica, técnica y especializada, para avanzar de manera significativa en el cumplimiento a uno de los aspectos del punto 1 de los Acuerdos de Paz de la Habana, de la Reforma Agraria. Para el representante del Pacto Histórico por Bogotá, Gabriel Becerra, “El Congreso ha dado un paso firme para saldar una deuda de décadas con el campo colombiano, garantizando que los conflictos sobre la tierra dejen de resolverse en medio del abandono y la desigualdad.”

 

 

Durante una reciente audiencia pública convocada por la Corte Constitucional, relacionada con los alcances de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el marco del Acuerdo de Paz, su director Juan Felipe Harman y la Ministra de Agricultura Martha Carvajalino, solicitaron a la Corte instar al Congreso a Sancionar la Ley y restituir las facultades de la ANT para continuar resolviendo los conflictos agrarios acorde a su mandato.

Aunque el acto legislativo que crea la Jurisdicción Agraria ya fue aprobado, así como la ley estatutaria, todavía falta que el Congreso de la República apruebe la ley ordinaria del procedimiento, el cual fue presentado en 2023 y ha enfrentado múltiples trabas por parte del Legislativo. Si el Congreso no la aprueba antes del 20 de junio de 2026, la iniciativa se archivará definitivamente. En palabras del Representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz C.I.T.R.E.P de Nariño, Juan Pablo Salazar “las y los campesinos solo anhelamos la paz en nuestros territorios y por eso decimos que urge que se determine la Jurisdicción Agraria y su implementación en nuestros territorios.”

 

Avances normativos Reforma Agraria

La presencia normativa ha estado activa en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 (Ley 2294 de 2023), la cual establece los mecanismos para la compra rápida de tierras y formalización. Entre ellos el Acto Legislativo 01 de 2023, por medio del cual se reconoce al Campesinado como sujeto de Especial Protección Constitucional, un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país. Se avanzó en el Decreto 033 de 2025, el cual agiliza los procedimientos de negociación directa para la compra de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras -ANT, modificando rutas de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 780 de 2024, que hace alusión a los Territorios Campesinos Agroalimentarios – TECAM, de acuerdo a la Función Pública, así como en la reglamentación de las figuras de ordenamiento territorial que reconocen la territorialidad y saberes de comunidades campesinas para la soberanía alimentaria.

Un proceso que saluda y reconoce la representante por el partido Liberal del departamento de Sucre Karyme Cotes, quien afirma que “…en buena hora se avanza con el sistema de normas en el proceso de construcción de la Paz en Colombia incluyendo esta normativa de reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la ley de paz total y en el desarrollo de principios del Plan Nacional de Desarrollo – PND.”

 

 

¿Por qué la jurisdicción agraria?

La situación jurídica es compleja, un ejemplo de ello lo dicen las cifras enunciadas por Felipe Harman, “en el año 2025, la ANT radicó más de 13 demandas que involucran 15 procesos agrarios sobre 16.381 hectáreas, 5 demandas de procesos agrarios radicadas en 2023, las cuales, literalmente, están paralizadas en su trámite, más de 208 procesos agrarios en fase administrativa, que en conjunto suman cerca de 45.000 hectáreas adicionales, sumado a las tensiones competenciales entre despachos civiles del circuito y el control contencioso administrativo de las decisiones adoptadas por la Agencia, lo que ha generado demoras adicionales y que requieren de esta jurisdicción para avanzar.”

 

¿Qué conflictos resuelve la jurisdicción agraria?

La Jurisdicción Agraria y Rural es el nuevo poder que la Constitución Política confiere a jueces y magistrados para abordar, de manera exclusiva y especializada, los conflictos agrarios y rurales en el país. Su propósito es garantizar que estas controversias se resuelvan pacíficamente por profesionales capacitados en la administración de justicia, conforme a los principios y objetivos de las normas que buscan solucionar de manera rápida y sencilla las disputas agrarias, asegurando los derechos de todos los actores rurales y reconociendo la especial protección que se otorga al campesinado y a las comunidades étnicas que habitan en las zonas rurales. Para el Representante del Partido Conservador por el departamento de Nariño, Juan Daniel Peñuela, esta reforma constitucional “posibilitará más jueces especializados y presentes en zonas como Nariño y sus altas demandas de justicia x conflictos de tierras.”

 

Ésta, a su vez, promueve el desarrollo sostenible del campo y busca mantener la armonía en las relaciones sociales y económicas de estas comunidades y deberá resolver los conflictos relacionados con la definición de derechos sobre predios agrarios, servidumbres agrarias, acciones de nulidad agraria sobre los actos de la Agencia Nacional de Tierras, lanzamientos por ocupaciones de hecho de predios agrarios, uso de recursos comunales en predios agrarios, uso del suelo rural y los contratos agrarios.

 

 

¿En qué va la legalización de tierras?

En el marco del cumplimiento del Acuerdo de Paz, la ANT ha gestionado 761.968 hectáreas destinadas a comunidades campesinas y étnicas, estas provienen de dos fuentes principales: la compra voluntaria de predios ofertados por propietarios para la Reforma Agraria y la recuperación y adjudicación de bienes baldíos de la nación. De acuerdo a sus más recientes informes, la entidad ha formalizado más de dos millones de hectáreas a favor de comunidades rurales que, en muchos casos, habían esperado más de 20 años por el reconocimiento legal de su derecho a la propiedad.

 

En el camino se han conformado 450 Comités Municipales y 14 Comités Departamentales de Reforma Agraria para asegurar la participación social en el proceso, sin embargo, se requiere avanzar en terminar de dar cuerpo legal a la jurisdicción, no solo por su implicación en el cumplimiento de los acuerdos de paz, sino por lo que significa para las comunidades, desde la reducción de tensiones alrededor de la tenencia de tierras y las relaciones agrarias, disminuyendo la violencia y la confrontación territorial, hasta el acceso a la justicia que elimina brechas y barreras institucionales que limitan acceder a la rama judicial a las comunidades, con procesos sencillos, asistencias técnicas, disminución de costos económicos, entre otros. En palabras del Representante del Partido Comunes por el departamento de Santander, Jairo Cala, “esta jurisdicción abre el camino a la justicia en el campo y es la ruta real para la construcción de paz, estable y duradera.”

Ahora, a concretar la Jurisdicción, está en manos del plenario de las y los representantes a la cámara, quienes tendrán que resolver en los próximos días el destino de miles de familias que en la ruralidad no solo solucionan su situación productiva y de habitabilidad, sino que estarán garantizando la producción de alimentos para millones de colombianas y colombianos en todos los rincones del territorio nacional, esperamos se resuelva con prontitud y podamos avanzar como sociedad en el verdadero reconocimiento del campesinado colombiano, como un camino cierto a la implementación de paz territorial.

 

 

 

 

 

 

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