En época de campaña, la Cámara discute si los debates electorales deben ser obligatorios para los candidatos

En su primer debate fue ampliamente acogido por la Comisión Primera; ahora pasó a plenaria.
Por: Argemiro Piñeros Moreno

 

En medio del ambiente político que comienza a moverse por el inicio de una nueva campaña electoral, avanza en el Congreso un proyecto que busca cambiar la forma en que se desarrollan los comicios en Colombia. La Comisión Primera de la Cámara aprobó, con 25 votos a favor y tres en contra, una iniciativa que establece la obligatoriedad de los debates para los candidatos a la Presidencia de la República, así como para aspirantes a gobernaciones y alcaldías. El propósito es que estos encuentros no dependan de la voluntad de los candidatos, sino que se conviertan en una exigencia legal con reglas claras y sanciones para quienes no participen.

 

La propuesta plantea la obligatoriedad de asistir a un mínimo de debates: uno en primera vuelta para candidatos presidenciales y otro en caso de segunda vuelta; uno para gobernaciones y alcaldías, y dos para Bogotá.

 

Durante la discusión, el representante Duvalier Sánchez Arango (Partido Alianza Verde), coordinador ponente junto con David Racero (Pacto Histórico), explicó:
“Lo que hemos visto recientemente es que ahora los candidatos le hacen el quite y dejan la silla vacía a las citaciones. Ahora resulta que, si van adelante en las encuestas, consideran que ya son ganadores y no es necesario ir a exponer sus programas de gobierno”.

 

 

El proyecto contempla la obligación de asistir a un mínimo de debates: uno en primera vuelta para candidatos presidenciales y otro en caso de segunda vuelta. Para aspirantes a gobernaciones y alcaldías se exige participar en al menos un debate, mientras que en Bogotá serán dos, debido a la posibilidad de segunda vuelta. Estos encuentros deberán realizarse hasta 15 días antes de la jornada electoral.

Sobre este punto, Sánchez Arango reiteró la importancia de establecer consecuencias claras:

“Para que esto funcione debe haber sanciones, consecuencias para quien de forma cobarde no quiere ir al escenario de la deliberación y del debate. Lo que se propone es que no haya premio en los medios públicos: si usted no es capaz de ir a argumentar con otros, entonces no va a tener pauta en medios públicos. Además, deberá devolver el 25 % de los recursos de campaña y su silla se quedará vacía”.señaló Duvalier Sánchez Arango.

 

El representante añadió que el objetivo es que los ciudadanos conozcan de primera mano las propuestas y puedan comparar las ideas de todos los aspirantes. “No es un proyecto de ley contra nadie, es a favor de la democracia, de la calidad del debate público, pero sobre todo es un derecho de los ciudadanos”, concluyó.

La aprobación en Comisión estuvo acompañada por voces de diversos partidos que señalaron que volver los debates una obligación es una medida que fortalece la transparencia y el compromiso con la ciudadanía, especialmente en tiempos de redes sociales y tecnologías que permiten modificar o editar contenidos.

En ese sentido, el representante Pedro José Suárez Vacca (Pacto Histórico) afirmó:
“El debate debe ser transmitido para que la ciudadanía vea cuáles son las ideas de cada candidato, cómo las expone y cómo las defiende. En redes sociales es muy fácil hacer videos editados, y eso impide conocer a los verdaderos candidatos, más aún con las tecnologías que hoy existen, como la inteligencia artificial. Cualquiera puede arreglar lo que quiera mostrar”.

 

Por su parte, la representante Jennifer Pedraza (Coalición Centro Esperanza) advirtió sobre el impacto de los algoritmos en la opinión pública:

“El hecho de que hoy tengamos algoritmos que llevan a la población a profundizar exclusivamente en la gente que piensa de manera similar a ellos, aumentando el sesgo de confirmación y radicalizando cada vez más las posturas, haciendo que sea casi imposible presentar un argumento distinto, hace que sea cada vez más obligatorio proteger espacios como el debate político”.

 

“Los algoritmos profundizan el sesgo de confirmación… por eso es más necesario proteger los espacios de debate político”, afirmó Jennifer Pedraza.

 

 

No obstante, algunos congresistas expresaron reservas frente a las sanciones. El representante Hernán Darío Cadavid (Partido Democrático) consideró excesivas las restricciones propuestas:
“Si yo no acudo al debate de carácter obligatorio, me restringen absolutamente la participación en el espacio electromagnético. Yo creo que eso no puede ser. Yo creo que la libertad política de informar o informarse como ciudadanos implica un margen. Estoy de acuerdo con los escenarios de debate público, pero no puede haber una consecuencia de esa naturaleza”.

Otros reparos apuntaron a la dificultad logística de organizar debates con un número muy alto de aspirantes. El representante Jorge Eliécer Tamayo (Partido de la U) señaló:
“En estos momentos se estima que hay entre 80 y 100 candidatos a la Presidencia de la República. ¿Cómo desarrollas unos debates públicos transmitidos por un volumen tan grande de candidatos? Y tú no puedes tener un criterio particular porque una persona puede ser de un territorio con una gran propuesta, pero sin un gran reconocimiento nacional”.

Tras superar este primer debate, el proyecto pasa ahora a la plenaria de la Cámara de Representantes para su discusión en segundo debate. El trámite legislativo apenas comienza.

 

 

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