La Comisión Legal de Paz alerta sobre necesidad urgente de avanzar en la implementación del Acuerdo Final en los territorios colombianos
El Congreso de la República impulsa acciones legislativas y audiencias para fortalecer la paz total, atender crisis humanitarias y visibilizar la voz de los territorios.
Por: Maricela Londoño
Una de las responsabilidades más importantes que tienen las y los congresistas de la república es el control político a todas las instancias de la función pública, la Comisión Legal de Paz de la Cámara de Representantes ha mantenido esta práctica desde antes de sus inicios formales, convocado a todas las entidades del gobierno encargadas de la implementación de los acuerdos de paz firmados con las extintas guerrillas de las FARC – EP, con el fin de dar continuidad y seguimiento al cumplimiento de los mismos por parte del Estado.
Una agenda permanente que aborda los principales desafíos que enfrentan las regiones históricamente más golpeadas por la violencia, donde las y los congresistas de distintas bancadas coinciden en la necesidad de continuar fortaleciendo la presencia institucional del Estado, garantizar la seguridad humana y hacer un seguimiento más riguroso a las políticas de Paz Total.
El debate ha estado marcado por denuncias sobre desplazamientos masivos, amenazas a líderes sociales y falta de atención oportuna a las víctimas del conflicto. Desde Antioquia, el representante por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz.
– CITREP. John Jairo González Agudelo, alerta sobre la situación en el municipio de Briceño, donde los enfrentamientos entre grupos armados han provocado el desplazamiento de más de 1.500 personas. “Solo en los últimos tres años, Briceño ha tenido más desplazamientos que en las dos décadas anteriores. Nuestros campesinos necesitan condiciones reales de paz, para no perder sus cultivos, sus tierras y su tranquilidad”. Para el congresista, el Gobierno nacional debe reactivar con prontitud las mesas de diálogo para garantizar la atención integral a la población afectada por el conflicto.
Para el Representante a la Cámara Haiver Rincón Gutiérrez, por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz – CITREP por el Sur del Tolima, el incremento de la violencia en la región, es una situación crítica, últimamente marcada por el asesinato de líderes sociales y la reaparición de la minería ilegal. “Cada ocho días hay un homicidio. La fuerza pública no puede sola; necesitamos acciones coordinadas y medidas de protección reales para quienes defienden los derechos humanos”. Hace una exigencia contundente, la revisión de las decisiones que han dejado sin protección a varios líderes campesinos y sociales de la región.
Para el congresista José Jaime Uscátegui Pastrana, del partido Centro Democrático, es imperante respuestas concretas sobre el paradero de los uniformados secuestrados por grupos armados. “Hablamos mucho de paz, pero las familias de los secuestrados siguen esperando. No podemos terminar esta legislatura sin darles una buena noticia”, al advertir que los diálogos deben incluir compromisos verificables sobre la liberación de personas retenidas.

Desde el Partido Comunes, el representante Pedro Baracutao García Ospina, insiste en la urgencia de avanzar en la Reforma Rural Integral. “Llevamos nueve años de implementación y solo un 8 % del compromiso de entrega de tierras en nuestra región se ha cumplido. La paz territorial no puede quedarse en el papel”, se espera que en próximos días se lleve a cabo una audiencia pública en Urabá, con presencia de los ministerios competentes para atender las demandas campesinas y de la comunidad en general.
Un sentir que se extiende por algunas regiones del país y encuentra formas de avanzar en las reivindicaciones y reconstrucción social que necesitan las víctimas y territorios afectados por el conflicto, para el Representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz – CITREP del departamento del Putumayo, Jhon Fredi Valencia Caicedo, hechos como la reciente entrega de 13,8 toneladas de material bélico en Putumayo por parte de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico a las autoridades, son pasos concretos hacia el desminado y la reconciliación. “Ver cómo se destruye el material de guerra es ver la posibilidad real de que los campesinos vuelvan a transitar sin miedo. El diálogo sigue siendo el camino”.
Para el representante por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz – CITREP por el departamento de Nariño, Gerson Lisímaco Montaño Arizala, es imperante mayor participación del Congreso en las mesas de negociación que se han venido dando con distintos actores e instancias. “Fuimos quienes dimos vida a la política de Paz Total, pero hoy no tenemos voz en esos espacios. La Comisión debe estar allí, acompañando desde los territorios, para que la justicia penal especial sea un verdadero instrumento de reconciliación”.
Son recurrentes las voces que se levantan al interior de la Comisión de Paz conformada por representantes de todos los partidos políticos que coinciden en un propósito, garantizar a todas las y los colombianos condiciones de vida digna donde estén silenciados los fusiles de todos los actores presentes en sus territorios.
Frente a este escenario, la Comisión continuará ejerciendo control político, audiencias públicas donde convocará al Gobierno Nacional a través de sus ministros de Defensa, Interior y Justicia, así como al Alto Comisionado para la Paz, con el fin de poder conocer de primera mano los informes sobre seguridad, orden público y avances en los diálogos con grupos armados. Pero a su vez trasladar a estas instancias las preocupaciones de las comunidades, en las próximas sesiones que tendrán lugar en el norte y bajo Cauca antioqueño, el sur del Tolima, San Andrés y Providencia, y los municipios PDET.
Con estas acciones, y otras tantas, la Comisión Legal de Paz, reafirma el compromiso con las comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado, promoviendo un trabajo legislativo que combina la vigilancia, el diálogo y la representación de los territorios con acciones reales para transformar la vida de la gente y consolidar una paz con justicia social en Colombia.
Esperamos desde el sentir profundo de nuestras historias y memorias se avance de manera decida por parte de todas las autoridades e instancias correspondientes, que se valoren los avances logrados y los anhelos de miles de personas que desean vivir en paz y armonía en sus territorios, así como asumir con prontitud los desafíos colectivos que implica la experiencia de la construcción real de dignidad, de los derechos, del cuidado y garantías para la vida con cada una de sus culturas, pensamientos y expresiones.
*La información, puntos de vista, ideas, percepciones y posición ideológica expresadas son responsabilidad de cada uno de sus autores.
DESTACADO 1:
“Llevamos nueve años de implementación y solo un 8 % del compromiso de entrega de tierras en nuestra región se ha cumplido. La paz territorial no puede quedarse en el papel”, expresó Pedro Baracutao García Ospina, representante por el Partido Comunes.
DESTACADO 2:
“Fuimos quienes dimos vida a la política de Paz Total, pero hoy no tenemos voz en esos espacios. La Comisión debe estar allí, acompañando desde los territorios, para que la justicia penal especial sea un verdadero instrumento de reconciliación”, expresó Gerson Lisímaco Montaño Arizala, representante nariñense por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz – CITREP.
PIE DE FOTOS:
Circunscripción Transitoria Especial de Paz – CITREP. John Jairo González Agudelo alerta sobre la situación en el municipio de Briceño.
Circunscripción Transitoria Especial de Paz – CITREP por el Sur del Tolima, Haiver Rincón Gutiérrez.
Partido Centro Democrático, José Jaime Uscátegui Pastrana.
Partido Comunes, el representante Pedro Baracutao García Ospina.
Circunscripción Transitoria Especial de Paz – CITREP del departamento del Putumayo, Jhon Fredi Valencia Caicedo.
Circunscripción Transitoria Especial de Paz – CITREP por el departamento de Nariño Gerson Lisímaco Montaño Arizala.


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