Comisión Accidental Bicameral solicita al Gobierno Nacional información sobre la gestión de los recursos destinados a atender a los damnificados del temblor

A dos meses del sismo del 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, el Gobierno presentó el Plan de Acción Específico (PAE) para la reconstrucción de las zonas afectadas en medio de cuestionamientos de los congresistas, quienes solicitaron mayor celeridad y transparencia en la destinación de los recursos.

Por: Estefanía De La Ossa

 

La Comisión Accidental Bicameral evaluó el seguimiento y la atención a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó. Durante la sesión, se presentaron informes del Fondo Milagro, la UNGRD y el DNP sobre la normativa de la reconstrucción, destacando el PAE y la disponibilidad de cerca de un billón de pesos. En contraste, el Congreso reclamó fallas en el registro de damnificados, la ausencia de ejecución material y las contradicciones en las cifras oficiales, exigiendo soluciones concretas de manera urgente.

 

La Comisión Accidental Bicameral de Seguimiento al Terremoto, presidida por la senadora Norma Hurtado y el representante Juan Manuel Londoño, citó a los responsables de la reconstrucción para conocer la hoja de ruta adoptada por el Estado tras el sismo del pasado 10 de agosto. Durante la jornada, el gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe, explicó que el patrimonio autónomo inició operaciones con un total cercano al billón de pesos. Uribe indicó que el Plan de Acción Específico (PAE) es el instrumento que orientará el uso del fondo para priorizar demoliciones, reconstrucción de viviendas y la reactivación económica, adicionalmente, informó sobre la creación de una gerencia para la «reconstrucción del alma», enfocada en el apoyo emocional a las víctimas.

 

Por su parte, el subdirector de manejo de desastres de la UNGRD, Hernán Darío Díaz, presentó el balance de atención. Destacó las labores de búsqueda y la consolidación del Registro Único de Damnificados (RUD), que arrojó más de 360.000 familias afectadas concentradas en Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Chocó y Caldas; también señaló que se han transferido más de 120.000 millones de pesos a las entidades territoriales para la atención inmediata. El director del DNP, Julián Buitrago, informó sobre la reducción del tiempo de los trámites de aprobación de proyectos de 34 a 13 días, e indicó que ya se han radicado decenas de proyectos de las zonas afectadas. Finalmente, el viceministro de Hacienda, Andrés Ricardo Quevedo, defendió la asignación de los recursos para el Fondo Milagro y aclaró que la cifra de 2.7 billones de pesos mencionada por el Gobierno corresponde a alivios tributarios que requieren aprobación legislativa y no a una partida directa en el presupuesto para el terremoto.

 

 

Tras las exposiciones, los congresistas de las regiones afectadas expresaron su preocupación por la brecha entre la presentación de diagnósticos y la realidad de los damnificados. El senador Jorge Palacios cuestionó las discrepancias en las cifras oficiales de los municipios afectados entre el RUD, los reportes de la UNGRD y el Servicio Geológico Colombiano.

 

Desde el Valle del Cauca, el senador Wilmer Escobar coincidió en la necesidad de superar la etapa de planificación y enfocarse en resultados concretos.

 

«No estamos hablando del verbo presente, no estamos hablando nosotros de lo que el pueblo necesita escuchar. ¿Cuántas viviendas se han podido reconstruir a la fecha? ¿Cuántos recursos le van a llegar a los municipios? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos acueductos vamos a empezar a recuperar? Necesitamos mostrar resultados».

 

La representante Katty Juvinao, de la Alianza Verde, centró su intervención en la transparencia y los costos operativos del Fondo Milagro. Cuestionó que el contrato de fiducia tenga un costo mensual de 250 millones de pesos y exigió que las donaciones nacionales e internacionales ingresen al Tesoro Nacional y se sometan al control de la Contraloría. Por su parte, la senadora María Irma Noreña, del Partido de la U, solicitó que se ajusten los criterios de los subsidios de servicios públicos a la nueva realidad de los damnificados que lo perdieron todo, mientras que el senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, propuso que el Estado asuma el rol de constructor y empleador de última instancia para vincular a las comunidades en la reconstrucción.

 

La sesión concluyó con acuerdos orientados al control político. Los congresistas de distintas bancadas coincidieron en la necesidad de reabrir el Registro Único de Damnificados (RUD), argumentando que las réplicas del sismo continúan generando afectaciones y que existen subregistros que podrían excluir a miles de familias de las ayudas. El Congreso manifestó su disposición de ejercer un seguimiento riguroso y permanente a la ejecución de los recursos de la emergencia, solicitando que las audiencias públicas en los territorios se conviertan en escenarios de rendición de cuentas con la presencia de los funcionarios responsables.

 

 

 

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