El fracaso de la Constituyente empodera al nuevo Congreso de la República

El retiro de la propuesta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente reconfiguró el poder político en Colombia

Por Edwin Gutiérrez

 

La decisión del saliente Gobierno Nacional de enterrar su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente no solo dio por concluido uno de los debates más controvertidos de los últimos años, sino que también reconfiguró el panorama político con el que inicia el nuevo Congreso de la República este 20 de julio.

Durante meses, la idea de una Asamblea Nacional Constituyente se consolidó como un factor de presión constante sobre el Legislativo.  En diversos sectores políticos persistía la percepción de que una eventual convocatoria podría desplazar o debilitar el papel del Congreso recién elegido, al trasladar las principales reformas y debates nacionales hacia un nuevo escenario constituyente, dotado de facultades extraordinarias en el que el Congreso perdería protagonismo en la conducción de la agenda pública.

Por ello, el retiro de la propuesta fue interpretado en distintos sectores del Capitolio como el levantamiento de una especie de “espada de Damocles” que se cernía sobre los nuevos integrantes de la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Con el retiro de esta iniciativa, el Congreso recupera protagonismo político y vuelve a convertirse en el principal escenario de negociación, trámite de reformas y construcción de gobernabilidad para el próximo ocupante de la Casa de Nariño.

 

…la discusión de una eventual Constituyente sigue teniendo vigencia política y responde a la necesidad de avanzar en reformas estructurales…

 

Sin embargo, para sectores del oficialismo y algunos congresistas independientes, la discusión de una eventual Constituyente sigue teniendo vigencia política y responde a la necesidad de avanzar en reformas estructurales que consideran bloqueadas dentro del actual modelo institucional.

 

“El nuevo gobierno y el nuevo Congreso no tienen los números para modificar asuntos estructurales como la elección de magistrados de las Altas Cortes y otros altos dignatarios que terminan haciendo control a las decisiones del Gobierno y el Congreso, y eso es ilógico”, aseguró el representante a la Cámara Alejandro Toro, del Pacto Histórico.

 

El congresista agregó que “debemos tener una salvaguarda para continuar con la discusión de las reformas estructurales; lo que nos falta de lo laboral, el tema de la salud y el tema pensional”.

Una visión parcialmente coincidente expresa el representante Santiago Osorio, del Partido Verde y cercano al Pacto Histórico, quien sostiene que el país requiere la discusión sobre reformas estructurales al sistema político. Sin embargo, advierte que una eventual Asamblea Nacional Constituyente solo tendría viabilidad en la medida en que esté sustentada en amplios consensos nacionales.

 

“En la actual situación del país no debería haber una Asamblea, salvo que existan acuerdos sobre temas fundamentales”, afirmó Osorio.

El representante sostuvo que existen al menos tres asuntos estructurales que deberían revisarse para enfrentar problemas históricos de corrupción y funcionamiento institucional.

“Resulta absolutamente reprochable que un órgano político como el Congreso sea el que elija a las personas de los órganos de control que vigilan a los alcaldes y gobernadores; pero además que elija al Consejo Nacional Electoral y a magistrados de la Corte Constitucional que luego terminan tomando decisiones sobre reformas legales y constitucionales fundamentales”, señaló.

Pero las alertas frente a una eventual concentración de poder no solo llegaron desde el Congreso. El abogado constitucionalista Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz —asesinado durante la toma al Palacio de Justicia ocurrida en 1985— advirtió sobre los riesgos democráticos que puede representar una reforma constitucional sin controles institucionales sólidos.

 

“La base de la propuesta de la fallida Asamblea Constituyente era que no hubiera independencia y autonomía por parte de las Altas Cortes, lo que en la narrativa oficial se denomina bloqueo institucional; sumado a que no existiera oposición en el Congreso y que la libertad de prensa pudiera ser controlada, es decir, que los medios no pudieran criticar al Gobierno de la forma en que hoy lo hacen. Bajo este escenario la Constitución sería un remedo y el nuevo modelo sería una dictadura constitucional con un solo poder omnipotente, el denominado hiperpresidencialismo”, concluyó Gaona.

Las declaraciones reflejan que, incluso entre sectores que no respaldan una Constituyente, sí persiste un debate sobre posibles reformas al sistema de pesos y contrapesos y a los mecanismos de elección de altos funcionarios del Estado.

Pero desde sectores independientes y de partidos tradicionales, la lectura es completamente distinta. Para varios congresistas, el retiro de la iniciativa termina reafirmando la vigencia de la Constitución de 1991 y del sistema democrático actual.

 

“Nosotros estamos ante una Constitución que se hizo pensando en la democracia, y el principal promotor de esa Carta debe ser el presidente de la República, cualquiera que sea”, afirmó el representante Víctor Salcedo, del Partido de la U.

En la misma línea se pronunció el representante liberal Alexander Bermúdez, quien recordó que la Constitución de 1991 nació precisamente bajo un gobierno liberal y que sigue siendo uno de los principales pilares institucionales del país.

 

“…una Constitución que ha funcionado durante cerca de 35 años, que nos da garantías, genera independencia de poderes y establece contrapesos que permiten que el Estado funcione”.

 

“El Partido Liberal ha sido defensor de esta Carta porque fue precisamente en un gobierno liberal como el de César Gaviria que se hizo la Constitución del 91. Por lo tanto, la vamos a defender y rechazamos cualquier iniciativa que tenga que ver con una Constituyente”, aseguró Bermúdez.

El congresista añadió que se trata de “una Constitución que ha funcionado durante cerca de 35 años, que nos da garantías, genera independencia de poderes y establece contrapesos que permiten que el Estado funcione”.

Las declaraciones reflejan cómo buena parte del nuevo Congreso llega con una visión mucho más orientada hacia la defensa de la institucionalidad vigente y hacia la necesidad de fortalecer los mecanismos de gobernabilidad desde el Capitolio y no desde escenarios excepcionales.

El episodio también deja otra lectura de fondo: el desgaste político del discurso constituyente como mecanismo de presión institucional. Lo que inicialmente fue presentado por el Gobierno saliente como una posibilidad de transformación profunda, terminó generando incertidumbre política, tensiones electorales y resistencia incluso entre sectores moderados cercanos al oficialismo.

 

La controversia alcanzó a tocar de lleno la campaña presidencial. En ese contexto, el retiro de la iniciativa no solo buscó bajar la tensión institucional, sino también evitar que el debate terminara afectando aún más las posibilidades electorales del proyecto político del Gobierno saliente.

La decisión también redefine la relación entre el nuevo Gobierno y el Congreso que comienza funciones a partir del 20 de julio. Sin la posibilidad de una eventual Asamblea Nacional Constituyente em el panorama, el próximo Ejecutivo deberá apostar por la construcción de acuerdos legislativos tradicionales en lugar de recurrir a gobernar bajo escenarios excepcionales, a los llamados ¨decretazos¨ o a dinámicas de confrontación institucional marcadas por el denominado ¨choque de trenes¨.

Para diversos sectores políticos, el episodio deja también una señal clara sobre los límites que enfrenta Colombia, sobre cualquier intento de transformación profunda del modelo constitucional sin amplios consensos políticos y ciudadanos.

 

Paradójicamente, la propuesta que buscaba replantear el equilibrio institucional terminó fortaleciendo al Congreso de la República como epicentro de la democracia representativa y como actor indispensable para la gobernabilidad del país en los próximos cuatro años.

En la agenda del Congreso 2026-2030 los temas a debatir marcaran una nuevo desafío, hay temas urgentes como por ejemplo qué tipo de medidas se requiere para detener el colapso total del sistema la salud; una reforma tributaria que garantice recursos suficientes para las apuestas del nuevo gobierno. una revisión a la justicia para evitar que los delincuentes y ladrones capturados queden libres a las pocas horas. Vendrá también el obligado análisis del Plan Nacional de Desarrollo para los próximo cuatro años y el trámite del presupuesto para el 2027.

 

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