Putumayo habló de paz: Gobierno y comunidades se encontraron frente a frente en Puerto Asís

Por: Maricela Londoño C.

 

En un departamento donde 153.000 personas han sido víctimas del conflicto, el Séptimo Encuentro “Pensemos a Colombia en Paz” reunió a líderes sociales, instituciones y congresistas para discutir, sin filtros, qué significa construir paz en uno de los territorios más golpeados del país.

 

Puerto Asís fue el escenario del Séptimo Encuentro “Pensemos a Colombia en Paz”, una jornada cargada de testimonios, advertencias y propuestas desde las voces que habitan uno de los territorios más afectados por el conflicto armado.

 

El encuentro inició con un reconocimiento a la magnitud de la crisis humanitaria. Las autoridades territoriales recordaron que el Putumayo es un departamento con más de 390.000 habitantes, de los cuales 153.000 son víctimas del conflicto armado.

 

Una alusión que reitero el representante por la CITREP – Putumayo, Jhon Fredy Valencia “Este departamento ha sufrido profundamente el flagelo de la guerra, pero también ha demostrado una resiliencia enorme. Estos espacios no son para hablar de nosotros, son para que las comunidades formulen propuestas reales para su territorio, aquí estamos para trabajar por educación, desarrollo y bienestar, para recordarle al Gobierno nacional que este proceso necesita acelerarse: es la gente de Putumayo la que puso a muchos de nosotros en el Congreso, y es a esa gente a la que debemos responderle”.

 

 

“Ya no más diagnósticos”: la voz del Congreso

 

El Representante Carlos Adolfo Ardila Espinosa del partido Liberal por el departamento del Putumayo, abrió la intervención institucional con un mensaje directo: “Este es el séptimo encuentro que realizamos a lo largo del país y, sinceramente, ya no más diagnósticos. Es el momento de proponer, de actuar. La paz no se puede limitar a la ausencia de conflicto, ni a mesas de diálogo, ni siquiera a la implementación de un acuerdo. La paz verdadera es lo que hacemos en el territorio, lo que no pudimos hacer durante décadas por estar en medio de la guerra”.

Ardila fue enfático al explicar cómo la violencia distorsionó la agenda pública del departamento: “El conflicto armado no solo nos dejó víctimas; también nos arrebató la posibilidad de discutir lo verdaderamente importante. Durante más de 40 años, la agenda del Putumayo fue coca, guerra y presencia de grupos armados. Eso se volvió lo urgente. Y lo importante —educación, salud, desarrollo, infraestructura— quedó relegado a un segundo plano”.

 

Recordó que el Putumayo tardó 40 años en lograr una universidad pública, pero sí llegó a tener ocho batallones en diez años. Y apuntó: “¿Cómo es posible que hayamos tenido ocho batallones de primer nivel y aún no tengamos un hospital de tercer nivel? ¿Cómo es posible que sigamos desaprovechando nuestra posición estratégica, siendo la puerta al sur del continente?”.

 

Comunidades: “La paz no se construye desde las capitales”

Desde los consejos comunitarios, Gerson Lisimaco Montaño Arizala destacó que la realidad del territorio no puede seguir ignorándose: “La gente vulnerable no puede seguir cargando sola con el peso de un Estado que no llega. Aquí seguimos sin acueductos, sin inversión en proyectos productivos, sin conectividad vial, sin internet y con barreras enormes para entrar a los territorios. Esa no es la Colombia que prometieron”.

 

El líder también coincidió con Ardila en el rezago histórico: “La paz no se construye en Bogotá. La paz se construye aquí, en estos territorios profundos donde la guerra ha sido una presencia permanente y donde el abandono del Estado también lo ha sido”. Gobernador: “La guerra no es una elección; es lo que queda cuando no hay más opciones”.

 

Para el Gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, la ruta debe ser clara y eficaz, “Pensemos algo sencillo: un joven que tiene educación, oportunidades, una familia que le respalda… ¿ustedes creen que ese muchacho escoge la guerra como primera opción? Claro que no. La gente no escoge la guerra: entra en ella cuando la vida no le ofrece otra salida”. Molina, pidió que el país deje de simplificar el conflicto: “Este problema no se resuelve con discursos, ni con operativos aislados, ni con titulares que generan aplausos. Se resuelve caminando la vereda, escuchando al papá que perdió a su hijo, al joven que no pudo estudiar, a la mamá que sembró coca porque no tenía cómo alimentar a su familia”. Agregó, la paz requiere una transformación profunda: “La paz exige dejar la politiquería del dolor. Exige entender que la seguridad no es un interés individual, sino un proyecto colectivo. Necesitamos soluciones que hagan más atractiva la vida que la violencia”.

 

Presentó además cifras que muestran avances en seguridad: “Reducimos los homicidios de 158 a 68 en un año, un 58%. Y pasamos de 21 a solo 2 casos de reclutamiento de menores. Las cifras muestran que vamos por buen camino, pero la paz tiene enemigos y toca intereses. Por eso necesitamos unidad”.

 

“La paz es un derecho”: componente pedagógico y jurídico

El conferencista José Fernando Carvajal contextualizó la paz como principio constitucional: “La paz no es solo la ausencia de guerra. Es seguridad, convivencia, justicia, garantías de derechos y condiciones dignas de vida. La Corte Constitucional lo ha dicho: la paz es la posibilidad real de vivir sin miedo”. Explicó que la paz es un derecho colectivo: “La paz nos pertenece a todos. No es opcional, ni abstracta: es un fin esencial del Estado. Y se construye desde lo local, con la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y el individuo”. Un anhelo soñado por millones de colombinas y colombianos que desean un futuro digno, con oportunidades.

 

Víctimas: “Tenemos derechos, no favores pendientes”

 

En nombre de las víctimas, Rubí, presentó un duro panorama: “Somos más de 153.000 víctimas en el Putumayo, y cada día somos más. No tenemos apoyo suficiente en vivienda, no tenemos una reparación digna, y nuestros derechos siguen sin ser reconocidos plenamente. Necesitamos más presupuesto para la Unidad de Víctimas; necesitamos que nuestros derechos —vivienda, salud, proyectos productivos— sean efectivos y no promesas; necesitamos una política pública integral que incluya tierra y oportunidades reales”. También resaltó el papel de las mujeres: “Fuimos nosotras las que levantamos la bandera de la paz incluso en los años más terribles. No nos hemos ido. Somos resistentes y seguimos aquí”.

 

Los temas que más resuenan en la mente y cotidianidad de la gente, especialmente en el marco de la construcción de paz son la salud, medio ambiente y desarrollo productivo.

 

En Medio ambiente se destaca la necesidad de actuar: Javier Jeison Morales, líder de las comunidades, manifiesta: “No necesitamos que nos vengan a escuchar para desahogarnos. Necesitamos decisiones, soluciones. El Putumayo enfrenta tres problemas ambientales enormes: deforestación, cultivos ilícitos y minería ilegal. Y no se pueden seguir abordando por separado: todo está conectado”. Una realidad inevitable las medidas que se tomen deben ser integrales.

 

En Salud Olga Lucía de la comunidad, resumió la crítica situación de la red hospitalaria: “Hoy no tenemos una infraestructura que garantice atención oportuna. Dependemos de Neiva, Nariño y el Valle para servicios que deberían prestarse aquí, y eso no es digno para un departamento fronterizo”. Presentó cinco propuestas, entre ellas un nuevo hospital, un centro de rehabilitación y la ampliación de programas de salud mental.

 

En Infraestructura, vivienda y brechas sociales el representante Ardila retomó el tema de vivienda: “Logramos 200 viviendas rurales, pero eso es una gota de agua para las necesidades del departamento. Necesitamos algo serio, estructural y proporcional a la realidad del Putumayo”

 

El Representante del Putumayo por la CITREP, Jhon Fredy Valencia, advirtió sobre la crisis vial: “Podemos quedar atrapados dos o tres días en la vía al Huila. Esa carretera es una de las más complejas del país, y aun así sigue abandonada”.

 

Desde la Cámara de Comercio se señaló un problema crítico en los proyectos productivos:

 “Hay organizaciones que reciben ayudas dos o tres veces mientras otras nunca reciben nada. No tenemos información confiable para focalizar, y así es imposible hacer política pública efectiva”. Sobre la normativa ambiental, añadió: “Aquí es más delito tumbar un árbol que sembrar coca. Esa desproporción normativa está frenando el desarrollo y dejando a la gente sin alternativas sostenibles”.

 

En el marco de la Minería, bosques y la construcción de paz, el experto José Ignacio Muñoz explicó que el 95% de la minería en Putumayo es ilegal y recordó la magnitud de la deforestación: “Solo en 2004 se tumbaron 6.000 hectáreas de selva. Y seguimos perdiendo bosque en municipios como Puerto Guzmán y Puerto Caicedo”.

 

Muñoz, propuso avanzar hacia núcleos de desarrollo forestal: “Tenemos productos maderables, no maderables como el chontaduro, y servicios eco sistémicos con enorme potencial. Los bosques son un componente estratégico para el futuro económico del Putumayo”.

 

En todos los rincones del país, se ha podido experimentar lo que es vivir en paz y tregua, como lo fue el primer año y proceso del acuerdo de paz firmado en el 2016, pero gran parte de la vida la hemos pasado en escenarios de conflicto y guerra, en confrontación y violencia a causa de las desigualdades sociales, económicas, políticas, que han desconocido la realidad de las comunidades, de las poblaciones que desde los territorios reclaman equidad, justicia, respeto por la vida y sus formas de vivir.

 

Ojalá, prontamente, se pueda concretar en el Congreso de la República, la normativa de sometimiento que hace falta en el marco de la Ley de Paz Total, esto con el fin de dar continuidad a los más de 8 procesos que se adelantan con distintos actores armados en todo el país. Entre tanto, la Comisión de Paz tendrá la tarea de seguir escuchando desde los territorios, consolidar todas las propuestas de las comunidades y avanzar con decisión en la construcción real de paz con garantías para todas y todos los colombianos.