Seguridad, violencia y paz en Bogotá, ¿En qué estamos?

Por: Maricela Londoño C.

 

En audiencia pública “Seguridad, violencia y paz en Bogotá”, se discutieron los aspectos más críticos sobre la seguridad en la capital. La convocatoria hecha por el representante del Pacto Histórico por Bogotá, Gabriel Becerra,  contó con la participación de líderes sociales, organizaciones comunitarias, congresistas y entidades del orden local y nacional.

 

“El aumento de las muertes violentas y los delitos sexuales en la ciudad nos obliga a escuchar a la ciudadanía y a replantear las políticas públicas. La seguridad no puede seguir tratándose como un asunto aislado de lo social”, expresó el congresista durante su intervención.

 

El encuentro, que se transmitió por el Canal Congreso, también contó con la participación del representante por el Pacto Histórico- Bogotá, Alirio Uribe Muñoz, delegados de la Policía Metropolitana, representantes de la Fundación Paz y Reconciliación, miembros de Juntas de Acción Comunal y habitantes de distintas localidades, quienes atendieron al clamor ciudadano frente a la creciente inseguridad en Bogotá.

 

¿Qué está pasando en Bogotá?

Las cifras hablan por sí solas: de acuerdo con datos presentados por el representante Becerra, “los homicidios en Bogotá aumentaron un 12 % y las muertes violentas, un 73 %. A esto se suman las denuncias por delitos sexuales, que muestran un incremento del 42 %. Estamos frente a una situación alarmante que exige respuestas institucionales reales, articuladas y sostenidas en el tiempo”, afirmó.

 

La audiencia fue antecedida por tres encuentros territoriales de seguridad en diversas localidades de Bogotá. Allí, las comunidades manifestaron su preocupación por el deterioro de la convivencia, la falta de coordinación entre entidades y las limitaciones en la respuesta por parte de las autoridades. “El problema de la seguridad urbana es estructural y multifactorial. No se trata solo de criminalidad, sino también del abandono institucional, el impacto de las obras públicas y la falta de justicia efectiva”, planteó una líder comunal.

 

Santi Núñez Arenas, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, advirtió sobre el impacto de estructuras criminales complejas que van más allá de los delitos comunes y afectan especialmente a poblaciones vulnerables, como personas en situación de calle o víctimas de explotación sexual, particularmente en zonas como Santa Fe.

 

No se ha puesto en marcha el plan operativo establecido por la Ley 2326 de 2023 para la búsqueda de menores desaparecidos

 

Además, alertó sobre la desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes: entre 2023 y 2025 se han reportado 528 casos, más de la mitad en 2024, y el 60 % de las víctimas han sido niñas, en localidades como Ciudad Bolívar y Kennedy. “No hay campañas de prevención ni medidas de protección implementadas por el gobierno distrital. Tampoco se ha puesto en marcha el plan operativo establecido por la Ley 2326 de 2023 para la búsqueda de menores desaparecidos”, señaló.

 

Diana Carolina Flores Bayona, del Ministerio de Justicia y del Derecho, indicó que este tipo de escenarios debe invitar a repensar el propósito de la política criminal: “Contribuir a la paz a través de la prevención y no de la represión”. En esa línea, expuso que “el Ministerio ha venido apoyando desde 2024 la construcción de una política pública de convivencia y seguridad, mediante mesas intersectoriales, con el objetivo de fortalecer las capacidades de prevención de fenómenos criminales en las ciudades”. También subrayó la importancia de contar con evidencia empírica y un sistema de información que permita anticiparse a esos fenómenos.

 

Para el Representante Uribe Muñoz, “La seguridad debe abordarse desde un enfoque de derechos humanos. Me preocupa el derecho a la vida. En Bogotá, en el último año, tuvimos la cifra más alta de homicidios de los últimos ocho años: 1.204 personas asesinadas, entre ellas 43 niños y niñas. También han aumentado los suicidios, la extorsión en un 64%, los delitos sexuales en un 34% y la violencia intrafamiliar en un 96%”, detalló. 

 

Además, cuestionó la idea de que la seguridad dependa exclusivamente de la presencia policial: “La seguridad no es un informe o un aviso que diga ‘Ministerio de Defensa’; es que la gente tenga acceso a derechos”. Uribe hizo un llamado a revisar el impacto de las políticas sobre la población migrante y a detener la criminalización de mujeres en situación de pobreza, señalando que “el 50 % de las mujeres privadas de la libertad lo están por delitos de microtráfico, y de ellas, el 80 % son madres cabeza de familia. No se está atacan

 

 

¿Hora de transformar el modelo de seguridad en Bogotá?

Durante el espacio, se discutieron las conclusiones de los encuentros ciudadanos, que destacaron seis ejes problemáticos: el déficit de personal policial; el hacinamiento carcelario; la ineficacia del sistema judicial; la necesidad de reformas estructurales; la atención diferenciada para mujeres, jóvenes y población habitante de calle; y la desconfianza en mecanismos comunitarios de seguridad, como los frentes de seguridad, que hoy operan sin supervisión clara.

 

Desde la Fundación Paz y Reconciliación, Laura Bonilla, alertó sobre el incremento sostenido de homicidios en Bogotá y la falta de registros, “Desde 2021 y sobre las inconsistencias entre las cifras reportadas por diferentes entidades. Mientras el Observatorio de Colombia registra 388 casos entre 2018 y 2024, la Fiscalía solo reporta 175. Esa diferencia nos preocupa profundamente, pues invisibiliza la dimensión real del problema y dificulta la acción institucional efectiva”, expresó.

 

También intervino Eduardo Montoya, vocero de Aso-bares, quien enfatizó que “la violencia no se concentra en las zonas formales de rumba como Chapinero o Galerías, sino en barrios periféricos. Las cifras no deben asociarse automáticamente al sector formal del entretenimiento nocturno. En estas zonas incluso hay refuerzos de seguridad privada. La violencia ocurre principalmente donde no hay presencia institucional suficiente”, indicó.

 

Balance operativo y reducción de delitos

El comandante Giovanni Cristancho Zambrano, de la Policía Metropolitana de Bogotá, presentó un balance operativo en el que destacó: “En 2023 se ha trabajado para caracterizar y combatir delitos como el ‘paseo millonario’, que hoy se tipifica como secuestro extorsivo.” Explicó que se ha coordinado con taxistas y autoridades locales para brindar acompañamiento a las víctimas que salen de establecimientos de rumba, con el objetivo de mejorar la seguridad en estos espacios.

 

El oficial reportó reducciones significativas en varios delitos: un 31 % menos en hurtos, con 4.716 casos menos; un 35 % menos en hurto de bicicletas, equivalentes a 1.152 casos; un 13 % menos en hurtos a residencias; y un 56 % menos en hurtos al comercio, con una disminución de 2.615 casos. También reconoció que el hurto de vehículos continúa siendo un desafío diario, a pesar de las capturas realizadas a grupos delincuenciales, algunos de cuyos integrantes fueron dejados en libertad por razones legislativas o decisiones judiciales.

 

En total, informó que hasta la fecha se han realizado 13.615 capturas en el año, incluyendo 11.874 en flagrancia y 1.741 por orden judicial. Además, se destacó una operación reciente en la localidad 13, en coordinación con la Fiscalía, que permitió recuperar más de 1.800 celulares y realizar tres allanamientos.

 

Propuestas para un nuevo modelo de ciudad

Como resultado del diálogo, se socializó un decálogo para una política integral de seguridad urbana en Bogotá, que incluye: fortalecer las competencias territoriales, implementar tecnologías con enfoque ético, profesionalizar las instituciones, combatir la corrupción, garantizar justicia rápida, un sistema penitenciario digno, y transformar el espacio urbano para reducir los factores de riesgo.

 

Uno de los puntos más reiterados fue la necesidad de construir una sociedad sin armas de fuego, con participación ciudadana efectiva y soluciones de largo plazo que prioricen la prevención y la justicia social.

 

¿Qué viene?

Desde el Congreso se planteó el compromiso de hacer seguimiento a las denuncias ciudadanas, promover reformas legislativas y exigir una mayor eficacia institucional. “Esto no puede quedarse en un ejercicio simbólico. Lo que recogimos hoy es el dolor y la esperanza de una ciudad que no quiere acostumbrarse al miedo”, concluyó el representante Becerra.