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Regulación al porte de armas

Por: Ingrid Paola Alfonso

En Colombia se han vendido 600 mil armas de manera legal, pero solo se han expedido 6 mil permisos especiales. Para avanzar en esta regulación y extender las medidas para permitir el porte y uso de armas, una iniciativa que estudia la Comisión Segunda busca establecer las condiciones para la concesión excepcional de estos permisos. 

 

“A usted le dan el salvoconducto por 4 años para porte o tenencia, pero para porte especial le dura un año. Lo que no podemos permitir es que se vendan y no se puedan portar porque evidentemente es una estafa, una pistola Córdoba vale entre 9 y 10 millones de pesos, pero cuando la compro, la compro para guardarla y se acabó”, afirmó el representante del Partido Liberal por el departamento de Cauca, José Octavio Cardona.  

 

Con la iniciativa se busca eliminar la duplicidad de autorizaciones y las cargas administrativas adicionales que han generado incertidumbre sobre el alcance de los permisos legalmente expedidos y que según lo señalado por los representantes han permitido la gestión de tramitadores. 

 

Al respecto, el representante del partido Liberal por el departamento de Risaralda, José Fredy Arias, afirmó “hay toda una red de tramitadores para el tema de armas en este país, y lo digo porque alguien muy cercano me lo dijo y los permisos se demoran, hay que sacarlos a través de tramitadores porque directamente el Ministerio de Defensa no los otorga. Hay unos tramitadores que se han lucrado con el tema de las armas, con el porte y los permisos, y salvoconductos”. 

 

“Están cobrando 30 millones de pesos para gestionar el trámite y esto es una gran preocupación, no podemos permitir que los mecanismos de control de armas sean utilizados para negocios ilegales, la seguridad nacional exige transparencia”, señaló Luz Verónica Estrada, representante del Pacto Histórico, por el departamento de Antioquia. 

 

 

De acuerdo con información del Departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) de las Fuerzas Militares, para el año 2021 se encontraban registradas en Colombia 690.859 armas de fuego. Durante ese mismo año se recibieron 3.577 solicitudes de permisos especiales para portar armas, de las cuales 3.225 correspondieron a solicitudes de porte regional y, de estas, 807 fueron aprobadas.  Se calcula que el costo de compra de esas armas puede alcanzar los 5 billones de pesos. 

 

“Es necesario que estos trámites se organicen porque en Antioquia ganaderos, empresarios y comerciantes padecen cuando no pueden tener un permiso de porte. Yo nunca estaré de acuerdo con la flexibilización de los trámites y los requisitos, pero sí con la simplificación de los trámites porque debemos ser rigurosos y cuidadosos de a quién le entregamos un arma”, manifestó el representante del departamento de Antioquia Simón Molina del partido Creemos. 

 

El proyecto no pretende ampliar el acceso al porte de armas ni restringir las facultades de control del Estado sobre estos elementos sino garantizar que el salvoconducto o permiso expedido por la autoridad competente constituya la única autorización exigible para la tenencia o el porte, preservando el carácter excepcional de estos permisos y las competencias constitucionales del Estado para regularlos, suspenderlos o revocarlos cuando las circunstancias de orden público así lo demanden. 

 

Otro de los temas que busca regular la iniciativa es las fechas de expedición de los permisos pues actualmente todos expiran el 31 de diciembre, y los nuevos permisos solo se entregan entre marzo y abril.  

 

“Con los famosos permisos especiales, lograron que en Colombia se vendieran armas que no se podían usar, pues, aunque era legal la venta era ilegal el porte. Por eso presentamos proyecto de ley para acabar definitivamente los permisos especiales”, concluyó el ponente del proyecto, el representante caldense José Octavio Cardona.

 

Teniendo en cuenta las denuncias expuestas en la Comisión Segunda sobre la expedición de los permisos y los obstáculos que muchas veces se encuentran para acceder a ellos, los representantes anunciaron la realización de un debate de control político a las autoridades competentes para la revisión este tema. Aun así el proyecto avanza su estudio para la plenaria de la Cámara de Representantes.  

 

 

 

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