Posible integración entre Claro y Azteca fue debate en la Cámara

En octubre pasado la Comisión de Regulación de Comunicaciones había advertido que las garantías propuestas por Claro podrían no ser suficientes para evitar afectaciones a la competencia.

Por Pedro Arias

 

El debate sobre las posibles consecuencias de la integración entre Claro y Azteca Comunicaciones Colombia llegó a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. El tema fue abordado durante un debate de control político al que asistieron, entre otros funcionarios, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Alexandra Falla Zerrate. Ninguna de las dos empresas intervino en la discusión.

 

El origen de la controversia se remonta a marzo pasado, cuando Claro solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizar una preevaluación de una posible integración empresarial con Azteca Comunicaciones Colombia, compañía que opera una extensa red de fibra óptica utilizada por múltiples proveedores de internet en el país. La operación aún está pendiente de autorización pues se evalúan sus posibles efectos sobre la competencia.

 

Mientras llega la decisión definitiva, ya se han conocido advertencias sobre sus posibles consecuencias. Una de ellas provino de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), que en octubre pasado concluyó que las garantías planteadas por Claro podrían ser insuficientes para evitar afectaciones a la competencia. La preocupación no es menor: de concretarse la operación, Claro incorporaría cerca de 32.000 kilómetros de fibra óptica distribuidos en 893 municipios del país.

 

La CRC explicó que eso podría afectar a más de 250 operadores que utilizan la infraestructura de Azteca para prestar servicios de conectividad, convirtiendo a Claro en el mayor proveedor, en muchos casos el único, de fibra óptica en el país. Pero también se podrían presentar demoras en la instalación de conexiones, ampliaciones de capacidad o reparaciones.

 

Y es en medio de todo eso que el debate llegó a la Cámara de Representantes. La sesión fue convocada por Mauricio Toro (Partido Alianza Verde), Laura Isabel Vera (Pacto Histórico) y Eduar Alexis Triana (Centro Democrático), entre otros.

 

 

Toro siguió la línea de las advertencias del CRC e incluso fue más allá. Aseguró que hoy en día en Colombia existe un presunto cartel organizado por las compañías de telefonía celular que tienen el monopolio en Colombia (Claro y la alianza Movistar- Tigo) que ha generado no solo el aumento de los planes sino la degradación de la señal. “Gracias a la inoperancia y complicidad del Estado que ha permitido que se haya concentrado el mercado, en especial con Claro”, precisó.

 

Por eso, y ante la posible integración con Azteca, Toro advirtió que Claro ya tiene más del 50% del mercado por lo que si se le autoriza la integración pasaría a tener más del 90%. “Claro va a poder cobrar lo que quiera en más de 500 municipios. La decisión es me quedó sin internet o pago lo que les de la gana. Y eso va a pasar si no les ponen condicionamientos”, indicó.

 

Opinión distinta presentó el representante Hernando González (Cambio Radical) y presidente de la Comisión, quien dijo que prefiere que Claro tome Azteca, “que está quebrado”, a que 800 municipios se queden sin conectividad, pero exigió que la SIC y la CRC “no se dejen bobiar” de los poderosos.

 

 

Frente a esas criticas se pronunció durante el debate la ministra de Tecnologías de la Información y Comunicación Alexandra Falla Zerrate, quien dijo que lo más importante es que se preste un buen servicio a la ciudadanía y por eso las decisiones tienen que estar acordes a ello.

 

En ese sentido aseguró que ya existe un primer concepto sobre la posible integración entre Claro Y Azteca. “En términos de los riesgos que implica la integración y en la necesidad del estudio de ellos”.

También se pronunció la superintendente de Industria y Comercio, María Rocío Cortés Vargas, quien dijo que el expediente está en una fase avanzada y que la SIC puede aprobar la integración sin condiciones, aprobarla con condicionamientos o rechazarla. 

 

Además, enumeró siete condiciones que se estudian si hay aprobación: no discriminación en el acceso, precios máximos, mantener los niveles de calidad de Azteca, tiempos de atención, prioridad a terceros cuando falte capacidad, continuidad contractual con oferta mayorista pública y protección de información comercial.  La última palabra la tendrá la Superintendencia de Industria y Comercio.

 

 

 

La información, puntos de vista, ideas, percepciones y posición ideológica expresadas son responsabilidad única y exclusiva de sus autores