La reforma constitucional que le apuesta a que los colombianos tengan casa propia

Destinar parte del impuesto predial para la construcción, mejoramiento y reconstrucción de vivienda, sin crear nuevos impuestos, es el eje central de la enmienda a la Carta Política del 1991.

Por Pedro Arias  

 

En momentos en que el Congreso de la República se apresta a dar la discusión de anticipar el fin de la Justicia Especial de Paz (JEP) y de permitir revisar los fallos contra los militares que ha emitido esa corte transicional, ha llegado al Congreso de la República, un acto legislativo que tiene un enfoque netamente económico y de alto impacto social, en especial para los colombianos que no tienen vivienda propia o que como pasó con el reciente terremoto del pasado 10 de agosto, la perdieron y tienen que reconstruirla.

 

Es una reforma que busca comprometer parte de la destinación del impuesto predial, el cual es recaudado y administrado por las alcaldías del país, siendo uno de los principales tributos con los cuales se financian las entidades territoriales.

 

Es una reforma que busca comprometer parte de la destinación del impuesto predial, el cual es recaudado y administrado por las alcaldías del país, siendo uno de los principales tributos con los cuales se financian las entidades territoriales. El proyecto es entonces uno de los propósitos que tiene para la legislatura el Partido de La U, que por medio del representante a la Cámara santandereano Diego Frank Ariza, lo radicó y desde ya empieza a tener un respaldo para su trámite.

 

 

 “Mi Techo, Mi Derecho”, como tiene nombre esta reforma constitucional, en palabras de su autor se fundamenta en que Colombia necesita más  vivienda, que haya nuevos propietarios, mayor capacidad de recaudo territorial y la activación de una cadena productiva muy amplia que cuando ha funcionado es uno de los motores de la economía nacional.

 

Y es que esa falta de acceso a la vivienda es evidenciado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, que señala que a 2025, el 25,6 % de los hogares colombianos estaba en déficit habitacional.

 

Ariza justifica que mientras sectores como salud, educación, deporte, cultura y adulto mayor cuentan con fuentes permanentes de financiación, el de la vivienda no tiene un mecanismo equivalente que permita garantizar recursos de manera permanente para atender esta necesidad. “No podemos seguir permitiendo que los colombianos no tengan derecho a una vivienda digna. La iniciativa propone que una parte de los recursos que los municipios ya recaudan a través del impuesto predial pueda convertirse directamente en soluciones de vivienda para sus comunidades, sin subir ni crear impuestos. Planteamos destinar un porcentaje del recaudo efectivo anual del predial a vivienda digna, vivienda nueva, mejoramiento, reconstrucción, reasentamiento, titulación y gestión de suelo seguro en cada territorio”, afirma el autor de esta reforma constitucional que ya hace trámite en la Cámara de Representantes.

 

En los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, uno de sus más grandes obstáculos es que no cuentan con recursos suficientes para financiar estudios, diseños y consultorías necesarios para estructurar y viabilizar proyectos habitacionales, lo que es obligatorio hacer para tener proyectos de solución de vivienda.

 

 

Ariza sostiene que si bien la situación fiscal del país es compleja, “Mi Techo, Mi Derecho generará una base de recursos que permita avanzar en esas etapas y abrir la posibilidad de una futura cofinanciación de proyectos que contribuyan a reducir la brecha habitacional. Soñamos con hogares más dignos y seguros para cientos de colombianos”.

 

La representante a la Cámara, Astrid Sánchez, igualmente tiene claro que más viviendas significarán más soluciones para las comunidades con recursos propios, una mayor base de contribuyentes del impuesto predial y progresivamente, un mayor recaudo para los mismos territorios. 

 

Milton Virgilio Carreño, también acompaña el propósito que los colombianos tengan su vivienda propia, por lo que al construir las casas, crece la mano de obra y aumenta el empleo, se mejora la comercialización de los  materiales, como también el  transporte, además que los servicios financieros y las  actividades inmobiliarias van a crecer.

 

En la exposición de motivos del acto legislativo se destaca además que por cada billón de pesos invertido en vivienda se podrían generar 17.233 empleos en mejoramientos y 17.113 en vivienda nueva, mostrando el potencial de este sector para dinamizar la economía local y generar oportunidades alrededor de cada proyecto habitacional. 

 

Se defiende igualmente en el proyecto el derecho fundamental a garantizar la vivienda digna con la autonomía de los municipios para administrar sus recursos y responder a las necesidades de sus comunidades.

Esta por ser una reforma constitucional requiere de ocho debates, cuatro en cada legislatura. 

 

 

 

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