La modernización del sistema aduanero pasó a la plenaria de la cámara

La discusión se dio de forma conjunta en las Comisiones Segundas del Congreso.

Por: Argemiro Piñeros Moreno

 

Las Comisiones Segundas del Senado y la Cámara, dieron  aval a la iniciativa que propone declarar como política de Estado y de interés nacional y estratégico la modernización tecnológica de los sistemas vinculados al comercio exterior en Colombia, el Proyecto de Ley 482 de 2025.

 

La propuesta fue radicada el 26 de noviembre de 2025 ante el Senado de la República por el representante del Centro Democrático, Jhon Jairo Berrío López y otros nueve legisladores, pero solo hasta esta semana inició su debate, no obstante, no hubo avances concretos.

Puntualmente el texto busca establecer un marco normativo sólido que impulse la actualización tecnológica de los sistemas relacionados con el comercio exterior, incluido el ámbito aduanero. El objetivo es reducir la burocracia, optimizar los tiempos de despacho y mejorar la trazabilidad de las operaciones. Además, pretende mitigar los riesgos asociados a la pérdida de mercancías y al contrabando, que, según la ponencia, le cuesta al país entre 7.000 y 8.000 millones de dólares al año.

 

La iniciativa se sustenta en antecedentes normativos que no lograron consolidarse. La Ley 1609 de 2013 sentó las bases del régimen aduanero moderno. Posteriormente, el Decreto 390 de 2016 buscó digitalizar los procesos, pero no se implementó plenamente.

 

En 2018, el Decreto 349 amplió los plazos, y en 2019 el Decreto 1165 intentó una nueva reformulación, sin resultados definitivos. Así, en 2025, el sistema electrónico aduanero aún no es una realidad, y el Gobierno ha solicitado una nueva prórroga para su implementación hasta 2028.

Por eso, explica el representante Berrío la idea es que a la par de fortalecer las herramientas del Estado para luchar contra el contrabando y el lavado de activos se “nivele la cancha sobre la competencia desleal con aquellos que hacen fraude”. Argumento al que se sumó el senador Nicolás Echeverry (Partido Conservador). “Se va a requerir un esfuerzo no solamente de la DÍAN o del Ministerio de Hacienda, sino de todos los operados de esa cadena. Hacer que ser legal pague”.

 

 

Durante el debate hicieron presencia también el ministro de Hacienda Germán Avila Plazas y el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Carlos Emilio Betancourt Galeano. El ministro pidió al Congreso avanzar en el debate porque es una oportunidad única. “Si bien aún pueden persistir algunos aspectos de mejora, el Proyecto de Ley hoy tiene significativos avances. Entre ellos la simplificación de las sanciones, así como tratamientos diferenciados entre quienes cometen un error y quienes incurren claramente en prácticas defraudatorias”.

En el trámite  el presidente de la Comisión Segunda de la Cámara, Álvaro Mauricio Londoño (Partido de la U), suspendió en un momento el debate por considerar que la votación podría estar viciada, porque en su concepto 2 de los 6 senadores con el que fue aprobado estaban de forma virtual.  La decisión generó una fuerte reacción de ponentes, gremios y otros congresistas, como el senador Antonio José Correa, quienes apelaron la medida argumentando que las sesiones mixtas han sido validadas por la Corte Constitucional y que proyectos de igual relevancia han sido tramitados de la misma manera.

 

Quien también pidió mantener la discusión y validar la votación fue el represente de la oposición, Juan Fernando Espinel, quien sostuvo que si bien en la Comisión Segunda de la Cámara no se tiene habilitado ese mecanismo de votar de forma virtual, en su similar de Senado sí, por lo que se aprobó no sería motivo para que en una revisión de constitucionalidad del mismo pueda hundir. La sesión se levantó sin que se resolviera la apelación.

Entre los ponentes están los senadores Paola Holguín Moreno (Coordinadora), Gloria Inés Flórez Shneider, José Luis Pérez Oyuela y Nicolás Echeverry Alvarán y en el Cámara David Alejandro Toro, Mónica Karina Bocanegra, Juan Espinal y Álvaro Londoño Lugo.

 

 

 

La iniciativa plantea introducir plazos estrictos para su ejecución: seis meses para formular un Plan Estratégico de Modernización y doce meses para que las fases críticas de ese plan estén en funcionamiento. Entre estas se incluyen la interoperabilidad con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la incorporación de módulos de inteligencia artificial para detectar riesgos aduaneros y la posibilidad de que importadores y exportadores realicen todos sus trámites de forma completamente electrónica.

Además, crea una Comisión Especial de Seguimiento integrada por 25 congresistas de distintas bancadas, con facultades para citar ministros, exigir informes detallados y generar alertas a los organismos de control si detecta retrasos o irregularidades. Los ponentes aclaran que esta comisión no generará gastos adicionales, ya que operará con la infraestructura existente del Congreso.

 

También amplía las funciones de la Comisión Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera, que deberá realizar auditorías periódicas y presentar informes semestrales al Congreso sobre los avances del proceso.

En la justificación la Dian, resaltó que “el proyecto busca dotar al país de un marco normativo claro, ejemplarizante y actualizado que aporte seguridad jurídica y responda a la dinámica del comercio exterior promoviendo el cumplimiento voluntario y definiendo las infracciones, las sanciones y los procedimientos”.

En el articulado además se plantea la delimitación de las facultades de las autoridades aduaneras para imponer sanciones y decomisos, busca dar reglas claras y proporcionales a los usuarios aduaneros.

También se espera que con este nuevo régimen se fortalezca la industria nacional y ser instrumento de lucha contra la competitividad desleal y el contrabando, con el objeto de otorgar a las MIPYMES y emprendedores un marco sancionatorio más equitativo y justo.

 

Las alarmantes cifras

El proyecto señala que el contrabando equivale al 10% del valor de todas las importaciones legales del país y que, solo en 2018, la DIAN calculó pérdidas por 3,9 billones de pesos entre evasión de IVA y aranceles no pagados. En sectores como el textil, se estima que entre el 25% y el 30% de la oferta es de origen ilegal.

 

“Sin contrabando, el PIB del país podría ser un 4,6% mayor y se crearían más de 148.000 empleos adicionales”, sostiene la exposición de motivos, citando proyecciones de estudios sectoriales.

En esa línea, el documento destaca que en los puertos donde ya se ha implementado la declaración anticipada, los tiempos de desaduanamiento, es decir, el proceso de revisión, aprobación y liberación de las mercancías por parte de la autoridad aduanera para permitir su ingreso o salida legal del país, se han reducido hasta en 146 horas en aeropuertos y 81 horas en puertos como Buenaventura.

 

 

 

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