Avances y desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz para los próximos gobiernos

A casi una década de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, el país llega a una nueva etapa del proceso de implementación y cumplimiento de las partes, análisis de los avances e relevantes desafíos, de los 578 compromisos del Acuerdo Final, el 35% se han completado. 

Por: Maricela Londoño

 

Aun sin dar inicio a la agenda legislativa de este último tramo de la cuarta legislatura, tuvo lugar el pasado 19 de febrero de 2026, en el salón Boyacá del Congreso de la República, la Audiencia Pública sobre el estado de implementación de la Paz en Colombia, a casi diez años de la firma del Acuerdo Final y de cara al cierre del presente gobierno. ¿Cómo avanza la Paz en Colombia? ¿Cuál será el futuro del Acuerdo de Paz? ¿Cuánto y en dónde se han invertido los recursos?

 

La audiencia convocada por el representante a la Cámara por el Movimiento Político Pacto Histórico, Alirio Uribe Muñoz, autor y ponente de la ley de paz total, la audiencia buscó reunir a todas las y los actores e instituciones gubernamentales responsables en dar cumplimiento a la Paz. Durante la instalación, Uribe Muñoz, hizo el primer planteamiento y subrayó que “la implementación de la Paz debe asumirse como política de Estado y no como bandera coyuntural, no puede depender del gobierno de turno y debe ser incluida en todas las instancias como en el Plan Nacional de Desarrollo, que para el presente periodo 2022–2026 incorporó metas específicas para el Acuerdo y se destinaron cerca de 50,4 billones de pesos para su ejecución en los últimos 4 años, enviando una señal clara de respaldo institucional, una dinámica que debe no solo continuar, sino articularse y fortalecerse” afirmó.

Los aspectos más relevantes durante la jornada estuvieron en el marco de la reforma rural, la seguridad de los territorios y firmantes y la reparación integral a las víctimas.

 

Reforma rural: ¿Avances medibles? 

 

En materia agraria, el balance mostró algunos resultados concretos que llaman la atención. De acuerdo a las cifras expuestas, se han gestionado más de 2,5 millones de hectáreas para la reforma agraria, más de 700.000 ingresaron al Fondo Nacional de Tierras y cerca de 1,8 millones ya fueron formalizadas. De acuerdo a los actuales registros no hay precedente de tal avance en una política pública en Colombia dirigida al mejoramiento colectivo de las comunidades rurales, de las mujeres, de las y los niños, de las y los campesinos, de los Pueblos Indígenas, Negros, Raizales y Palanqueros, quienes históricamente han sido víctimas del despojo, la violencia y avaricia del corazón de unos cuantos que han dejado a millones de personas desplazadas, sumergidas en el dolor y los estragos de la guerra, y hoy día, algunas de ellas, según los datos, están siendo resarcidas en su memoria y dignidad.

En esa misma línea, Juan David Espinel, de Viva la Ciudadanía, detalló la concentración presupuestal en el Punto Uno del Acuerdo y los avances en formalización, resguardos indígenas, restitución de tierras y vigencia de los municipios PDET hasta 2037. No es suficiente, pero sin duda es muy importante y significativo avance en un sistema administrativo, social, político, económico que no ha estado de puertas abiertas para la paz.

Cómo lo deja ver en su intervención el jefe adjunto de la Misión de Verificación de Naciones Unidas – ONU en Colombia, Raúl Rosende, quien destacó avances en la formalización de tierras y la reincorporación, pero advirtió sobre la necesidad de fortalecer la sostenibilidad productiva y la Seguridad para las y los Firmantes de Paz, destacando la gravedad del asesinato de firmantes y personas reincorporadas a la sociedad civil, siendo este el principal desafío o problema para la implementación del Acuerdo de Paz, “especialmente en el Pacífico Sur (Cauca, Nariño principalmente) donde hay mayor cantidad de firmantes asesinados, aprox. el 30%. Este es un tema importante y debe estar en la agenda para la formulación e implementación de las políticas de Paz que se determinen para el futuro de la sociedad colombiana…” —señaló.

 

Para Rodrigo Granda Escobar, excomandante de las FARC-EP y delegado de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz “Hay avances en la Reforma Rural Integral: cerca de 780.000 hectáreas entregadas, 17.000 a firmantes de paz y casi 2 millones formalizados. Pero persisten problemas: la tierra llega sin créditos ni proyectos productivos, la titulación es lenta y el catastro y los programas en los municipios más afectados por la violencia siguen rezagados.”

 

Implementación: Avances sostenidos y fortalecimiento institucional

La Directora del Barómetro del Instituto Kroc, Ángela María Ramírez Rincón, señaló que los compromisos firmados en el Acuerdo Final de Paz se han venido cumpliendo, aunque aún persisten rezagos, “… a noviembre de 2025, de los 578 compromisos del Acuerdo Final, el 35% se han completado, pero el 45% aún no está en una senda de viabilidad. Ante la transición gubernamental, es urgente garantizar la continuidad en el acceso a la tierra, acelerar la agenda legislativa y fortalecer las garantías de seguridad, la sustitución de cultivos y la reparación a las víctimas.» Una hoja de ruta muy importante que deberá tener presente la o el próximo gobernante de las y los colombianos.

Con el paso del tiempo no ha sido difícil vislumbrar la necesidad de lograr integrar toda la institucionalidad de la paz a nivel nacional, territorial e internacional. Para Scott Campbell, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, los avances en justicia transicional, búsqueda de desaparecidos y reparación, son innegables, pero advirtió que “la violencia persistente responde, en parte, a vacíos de la implementación integral…”

 

Sin justicia no hay paz, por ello la importancia del fortalecimiento de todas las instancias de esclarecimiento de la verdad para la memoria, las víctimas, su reparación y las garantías de no repetición. De acuerdo a las cifras entregadas por el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se lograron la destinación de recursos para acciones de paz, el fortalecimiento de la articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz y la creación de una bolsa de recursos para proyectos restaurativos que comenzarán a implementarse en 2026. Afirmo que, «… el Ministerio de Justicia ha destinado cerca de 138.000 millones de pesos a la implementación del Acuerdo, fortaleciendo la justicia transicional, el acceso a la justicia en los territorios y la búsqueda de personas desaparecidas para garantizar verdad, reparación y no repetición.”

En materia de reparación y retornos, la directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad de Víctimas, Silvia Juliana Arévalo, señaló que los planes de retorno y reubicación, así como los planes integrales de reparación colectiva, reflejan un cumplimiento parcial dentro del Plan Marco de Implementación (PMI). “Los planes de retornos y reubicaciones dependen en su mayoría de condiciones de seguridad, dignidad y voluntariedad”, explicó, al tiempo que reconoció que persisten desafíos importantes para su consolidación.

 

Arévalo advirtió que el país continúa enfrentando desplazamientos masivos que obligan a la institucionalidad a mantener un trabajo permanente y coordinado con víctimas y sujetos colectivos. “Seguimos sufriendo desplazamientos que hacen que desde la Unidad tengamos esta tarea constante de trabajar mancomunadamente para garantizar la reparación integral”.

Entre los principales obstáculos identificó las condiciones de seguridad en los territorios, la presencia y reconfiguración de actores armados, nuevas confrontaciones y la aparición de nuevas víctimas del conflicto. También mencionó limitaciones estructurales como la capacidad institucional en algunos territorios, la falta de recursos y personal, y dificultades de conectividad digital que impactan la implementación.

 

Desde el Ministerio del Interior, la directora de Derechos Humanos, Jomary Ortegón, puso el foco en los retos legislativos pendientes. Señaló que “al menos ocho iniciativas deberán ser tramitadas por el próximo Gobierno y el siguiente Congreso, entre ellas la reforma política, el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas, la reforma a la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo, la política integral de prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas, el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores y la ley estatutaria que garantice el derecho a la reunión, manifestación y protesta social pública y pacífica, uno de los compromisos aún pendientes del Punto Dos del Acuerdo”.

Ortegón, también subrayó que uno de los desafíos más sensibles continúa siendo la seguridad de firmantes y personas defensoras de derechos humanos. Calificó como dolorosas e inaceptables las cifras de asesinatos y reiteró el compromiso institucional para fortalecer los escenarios de participación y liderazgo social.

Finalmente, expresó la expectativa de que antes de finalizar el actual Gobierno se pueda expedir el decreto que formalice la política pública de garantías para liderazgos sociales y personas defensoras de derechos humanos, en cumplimiento de la Sentencia SU-546 de 2023.

En materia de reincorporación, la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Alejandra Miller, destacó avances en acceso a tierra y vivienda para firmantes del Acuerdo. “Con la Agencia Nacional de Tierras pusimos una cláusula especial para garantizar que se les reconociera como sujetos especiales de la reforma agraria”, explicó. Según detalló, esa decisión permitió pasar de 800 hectáreas entregadas en los dos gobiernos anteriores a 19.000 hectáreas adjudicadas a firmantes en la actualidad.

Frente a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), indicó que “de los 23 existentes, 21 ya cuentan con tierra asegurada, cerca de 13.000 hectáreas han sido destinadas a procesos cooperativos y colectivos para el desarrollo de proyectos productivos; En materia de vivienda, el avance también es significativo. Cuando llegamos no había vivienda para firmantes del Acuerdo de Paz, hoy podemos decir con orgullo que este gobierno va a dejar casi 1.500 viviendas entregadas, se espera al cierre del periodo culminar esas unidades y dejar otras 800 en proceso de ejecución”.

 

Miller reconoció que aún hay retos pendientes, pero sostuvo que los resultados muestran un avance estructural en condiciones materiales de reincorporación, especialmente en acceso a tierra y vivienda, dos factores clave para la sostenibilidad del proceso.

 

 

 

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