Infancia a la deriva: los vacíos del Estado ante el reclutamiento forzado

Por: Claudine Roca Núñez

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras criminales ha sido una problemática persistente que ha afectado a Colombia durante décadas. En los últimos años, este fenómeno ha registrado repuntes críticos que mantienen en alerta a las entidades estatales y a las organizaciones de derechos humanos, debido al daño irreparable sobre las comunidades rurales e indígenas en situación de vulnerabilidad en diversos territorios del país.

 

Este fenómeno constituye una de las transgresiones más graves y sistemáticas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el marco del conflicto armado interno en Colombia. La legislación vigente establece que toda vinculación de menores de 18 años a grupos armados se tipifica como reclutamiento forzado, dada su incapacidad jurídica para otorgar un consentimiento libre en estos contextos. De acuerdo con los registros oficiales, hasta febrero de 2026 el número de menores reclutados se cuadruplicó en un lapso de cinco años.

 

«Hemos sido claros y explícitos ‘No beneficios para reclutadores de menores’, por esto es significativo que no existan prerrogativas, ni mucho menos beneficios para quienes ya han sido condenados por este delito. Los invito a leer a detalle, porque el derecho de los niños es superior de los demás, y la misma ley lo dice.”, mencionó la representante a la Cámara, Carol Stefanny Borda Acevedo. 

 

Durante su intervención sobre esta problemática, la representante a la Cámara por Bogotá Carol Stefanny Borda Acevedo, del partido Salvación Nacional, centró su postura en la gravedad del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia. En su pronunciamiento, sostuvo que el Congreso debe asumir una posición firme y sin concesiones frente a los responsables de este delito. Asimismo, señaló la necesidad de articular un trabajo conjunto entre las distintas bancadas del congreso para garantizar la seguridad e integridad de los menores expuestos a este fenómeno.

 

 

En la actualidad, se han incrementado los métodos que utilizan los delincuentes para captar a sus víctimas, lo cual representa un factor altamente preocupante en el entorno digital de la juventud. Las organizaciones al margen de la ley recurren a las redes sociales como Facebook, o Tik Tok para crear perfiles que enaltecen la vida armada y promueven falsas oportunidades laborales para captar la atención de los adolescentes. Por tal motivo, resulta urgente identificar factores de vulnerabilidad como las brechas de oportunidades, la ausencia del Estado, y la intimidación por medio de amenazas.

 

«Se acaba de aprobar el proyecto del cual fui coordinador ponente en la Cámara de Representantes que le da fin a la paz total del señor Gustavo Petro. Pero uno de los factores fundamentales es que se pone por prioridad la protección de los niños en Colombia, nada de beneficios para reclutadores”, mencionó el representante a la Cámara, Daniel Felipe Briceño. 

 

De otra parte, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Felipe Briceño, se ha pronunciado favorablemente a través de sus redes sociales sobre la aprobación de la nueva Ley de Sometimiento -de cuál es ponente-, que derribó la paz total del ex mandatario Petro. Briceño destacó que uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa es ofrecer protección real a la infancia de Colombia, asegurándose de que los reclutadores no reciban ningún tipo de contemplación ni rebajas de pena por parte del Gobierno.

 

Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha documentado que al menos 18.677 niños y niñas fueron víctimas de reclutamiento ilícito en Colombia. Según los registros del tribunal, cerca del 54 % corresponde a niños y el 22 % a niñas; asimismo, el 68 % de los menores captados tenía menos de 15 años de edad al momento de su vinculación. Los antiguos mandos de las extintas FARC-EP figuran entre los máximos responsables de estos hechos y ya han comparecido ante la jurisdicción para aceptar su responsabilidad por este crimen de guerra.

 

«El reclutamiento en niños y niñas en Colombia para el uso de la guerra, narcotráfico y grupos al margen de la ley, siempre ha sido un problema muy grande y ha experimentado una transformación complejiza al panorama. 

Es curioso que los anteriores cuatro años, no existió protección para los niños afros e indígenas.”, mencionó el Politólogo y experto en Derechos Humanos, Julio César Mancera

 

El politólogo de la Universidad de los Andes y experto en derechos humanos Julio César Mancera ha analizado la transformación que, durante años, ha experimentado el reclutamiento de niños y niñas en Colombia a raíz del conflicto armado. De igual modo, enfatizó que los métodos de captación se han sofisticado con el tiempo, al punto de que hoy la tecnología desempeña un papel central en la persuasión de los menores. Según el especialista, estos grupos ilegales identifican las carencias de los entornos en los que viven los jóvenes para articular un discurso manipulador basado en promesas de asistencia y dinero fácil.

 

Desde el marco legal, es clave entender que el reclutamiento ilegal está tipificado en el Código Penal (artículo 162) y se constituye como un crimen de guerra. Para hacer frente a esta dificulta existe la CIPRUNNA (Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes), el cual articula mecanismos de acción, rutas de atención y denuncias. Por otro punto de vista, la Ley 2590 de 2026 fue implementada con el objetivo de robustecer la capacidad de respuesta institucional y proteger los entornos integrales de la niñez.

De la misma manera, se encuentra vigente el Estatus de Víctima, el cual establece que todo menor recuperado de una estructura armada debe ser considerado de manera inmediata como víctima y no como victimario. Esto permite su acogida inminente por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para garantizar la restitución de sus derechos. Por otra parte, la Ley de Sometimiento prioriza el derecho superior de los niños, niñas y adolescentes bajo el principio de que los menores de edad nunca son parte de una estructura criminal, sino de víctimas del conflicto. 

 

En conclusión, un crimen que representa una herida abierta en la memoria de Colombia, como lo es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, exige que se extiendan y se debatan con severidad las decisiones legislativas. Esto, bajo la convicción de que la protección de la infancia no solo depende del endurecimiento de las penas frente a las estructuras criminales, sino de la presencia efectiva de los organismos en los territorios más vulnerables. La verdadera justicia para la niñez sucederá en el momento en que la ley y la sociedad actúen con firmeza para contribuir a garantizar el derecho fundamental de vivir su infancia en paz. 

 

 

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