Se ‘calienta’ el debate de la ‘Ley anticapuchos’ que se tramita en la Cámara

En la actualidad hace tránsito en la Comisión Primera el proyecto de ley que busca regular la presencia de los encapuchados durante las manifestaciones, incluyendo los actos en las universidades públicas.

Por Pedro Arias

 

Las recientes declaraciones del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de estar dispuesto a que la fuerza pública entre a las universidades públicas a capturar a quienes se encapuchan para realizar actos vandálicos, abrió de nuevo la polémica en la Cámara de Representantes al trámite del denominado proyecto de ‘Ley Anticapuchos’, que fue presentada entre otros por los representantes Julio César Triana  (Cambio Radical) y Jaime Arizabaleta (Centro Democrático).

 

La iniciativa, que se deberá tramitar en el seno de la Comisión Primera, tiene como objetivo crear una serie de sanciones, no excarcelables, para aquellas personas que ocultan su identidad, cometan delitos o acciones violentas durante las protestas sociales.

 

El representante huilense Julio César Triana, uno de los autores de la propuesta, asegura que esta ley “crea un tipo penal en Colombia que haga que el ocultamiento de la identidad, cuando es utilizado para actos vandálicos, y da unas definiciones que le va a permitir al intérprete o al operador jurídico hacer más viable la aplicación de la norma, tenga una condena que no sea excarcelable. Por eso aquí esta condena va a estar entre cuatro y ocho años”.

 

El representante valluno Jaime Arizabaleta, en el mismo sentido plantea que “el derecho de los bloqueadores no está por encima de cientos de miles de ciudadanos. Bloquear vías siempre ha sido prohibido, pero ha tenido una pena muy pequeña y es excarcelable, así que no hay ninguna persona que esté en prisión por bloqueo de vías”.

 

Pero en contraste a la idea central de los autores del proyecto, hay posturas opuestas como la que tiene la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Natalia Moreno, para quien ni esta ley, ni las disposiciones presidenciales deben llevar a que “la autonomía universitaria no se negocia, ni se arrodilla ante el poder de turno. Si hay delitos, que actúe la justicia. Pero pretender convertir a la Policía en herramienta para entrar a las universidades y acallar la protesta es otra cosa. Los estudiantes no son el enemigo. El pensamiento crítico tampoco”. 

 

El expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), precisa que “la Constitución de 1991 y la ley de educación superior establecen que las Universidades Públicas de manera autónoma establecen las reglas de convivencia dentro del campus pues es sagrado defender las libertades ante el control militar y político.

 

La Universidad NO es un campo de guerra por eso hay protocolos internos de seguridad. La universidad es un territorio de libre pensamiento, no un territorio de miedo. El miedo disciplina y con violencia en intervención militar las libertades se comprometen. No se debe encubrir el delito, por supuesto, hoy de común acuerdo con directivos ante delitos y graves afectaciones al orden público las autoridades pueden ingresar, pero no de manera rutinaria”. 

 

Una voz que compartió el anuncio del jefe del Estado, fue el representante del Centro Democrático, Daniel Briceño, quien manifestó que “la autonomía universitaria no es absoluta. Las universidades tienen protección constitucional, pero eso no quiere decir que el código penal y las normas del país no rijan dentro de los campus universitarios. Respaldo el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella”.

 

 

 

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