Se crea mesa técnica para atender a comunidades educativas afectadas por el terremoto

Por: Prensa, representante Luis Guillermo Patiño Aristizábal

“La “Voz de la Educación”, representante LuisGui, quien trabajará para agilizar la recuperación del sector educativo”

 

 

El representante por Antioquia del movimiento Creemos, Luis Guillermo Patiño Aristizábal, presentó ante la comisión Sexta de la Cámara de Representantes una proposición aprobada por unanimidad, donde se evidencian los alcances de una Mesa Técnica de apoyo y seguimiento encaminada a la recuperación del sector de la educación. La importancia de una respuesta integral, frente a las afectaciones que dejó en el sistema educativo el sismo del 10 de agosto de 2026 en Colombia, se analizan a partir de las consecuencias de la emergencia ocasionada a 2.595 sedes educativas y a 447.715 estudiantes en 19 departamentos del país. 

 

“El sismo profundizó dificultades que ya enfrentaba el sistema educativo. La recuperación exige reconstruir las sedes afectadas”, mencionó el Representante a la Cámara.

 

A partir de esta emergencia, se abordan cuatro dimensiones para la recuperación: infraestructura educativa, permanencia escolar y prevención de la deserción, alimentación escolar y acompañamiento a docentes y directivos. De esta revisión se desprende, que la recuperación de las comunidades educativas debe abordarse de manera integral, al reparar la infraestructura, y hacer tanto una articulación como un seguimiento institucional para proteger las trayectorias educativas y garantizar la continuidad de los estudiantes en el sistema.

 

“El congresista trabajará para agilizar la recuperación de este sector. Evitar que la emergencia termine alejando a los estudiantes de las aulas, es uno de los principales retos de la recuperación”.

 

El impacto del sismo en un sistema educativo con desafíos pendientes

Un desastre natural puede cambiar en pocos minutos la vida de una comunidad educativa. Escuelas evacuadas, con grietas o destruidas; niños y niñas que no pueden regresar a sus colegios afectados; familias damnificadas y docentes afectados son algunas de las consecuencias que inciden directamente en la continuidad de las clases. Lo ocurrido en Colombia luego del sismo cuyo epicentro se originó en el municipio de San José del Palmar en Chocó, afectó sedes educativas y ocasionó que miles de estudiantes matriculados se vieran impactados al no poder acceder a sus establecimientos educativos; no obstante, estos datos pueden seguir creciendo debido a las evaluaciones posteriores al sismo que continúan realizándose. Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Caldas, Tolima, Huila y Risaralda se encuentran entre los territorios con mayores afectaciones.

 

Estos datos los expuso el representante a la Cámara por Antioquia y profesor, Luis Guillermo Patiño, evidenciando que cuando una institución deja de funcionar también se ve afectada la asistencia de los estudiantes, la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y las condiciones de los maestros, maestras y directivos. Una interrupción prolongada de las clases puede poner en riesgo las trayectorias educativas, especialmente cuando las familias enfrentan simultáneamente otras consecuencias del desastre. Por ello, resulta necesario identificar a los niños, niñas y adolescentes en riesgo de deserción, activar alertas tempranas y desarrollar acciones de seguimiento, que permitan identificar el porcentaje de estudiantes que se encuentran en este riesgo.

 

 

Una respuesta integral desde la Comisión Sexta

La iniciativa presentada por el representante de la Comisión Sexta Constitucional Permanente, para conformar una Mesa Técnica de apoyo y seguimiento a la recuperación de los colegios y comunidades educativas afectadas por el sismo, convoca al Ministerio de Educación Nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), la Unidad Alimentos para Aprender (UAPA) y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), con el fin de reunir en un mismo escenario a las entidades responsables y obtener respuestas técnicas, presupuestales y administrativas que permitan hacer seguimiento a las medidas adoptadas frente a la emergencia desde cuatro frentes.

 

El primer frente permitirá establecer un censo oficial y actualizado de las sedes afectadas, discriminado por departamento, municipio, establecimiento y nivel de afectación, así como hacer seguimiento a los recursos destinados o proyectados para la reubicación temporal de las comunidades educativas y la reparación o reconstrucción de la infraestructura. La segunda línea, estará dirigida a proteger las trayectorias educativas, mediante la identificación de los niños, niñas y adolescentes en riesgo de deserción y el seguimiento a las acciones de búsqueda activa y permanencia que permitan garantizar la continuidad de sus estudios.

 

El tercer componente se concentrará en la alimentación escolar, con el propósito de conocer cuántos estudiantes reciben raciones de contingencia en el marco del Programa de Alimentación Escolar y qué medidas de flexibilización se implementarán para garantizar la continuidad del servicio durante la emergencia. Finalmente, el cuarto frente estará dirigido a maestros, maestras y directivos docentes afectados en materia de bienestar, salud, atención psicosocial y condiciones laborales, orientadas a su protección y a la continuidad de su labor educativa.

 

“Tenemos que estar unidos como Comisión Sexta, garantizando que este terremoto no se convierta en un terremoto educativo. Cuando los niños no van al colegio están expuestos al reclutamiento forzado, al trabajo forzado y a la explotación sexual”, advirtió el representante a la Cámara.

 

Los beneficiarios de este esfuerzo son las comunidades educativas afectadas. La prioridad es recuperar las condiciones para que los estudiantes regresen a las aulas y evitar que la emergencia interrumpa la continuidad su formación académica. Para ello, las instituciones involucradas deberán avanzar en la recuperación de las sedes, garantizar la alimentación escolar y acompañar a estudiantes, docentes y directivos durante este proceso.

 

 

 

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