El Acuerdo de Paz: logros y retos tras más de tres años de Gobierno

Análisis de los diversos protagonistas del Gobierno Nacional, reinsertados, legislativo, las víctimas y la sociedad civil a 10 meses de finalizar el gobierno de la Paz Total.

Por: Maricela Londoño Castro

 

A finales de septiembre de 2025, se llevó a cabo en la Comisión Legal de Paz de la Cámara de Representantes, un debate de control político que puso sobre la mesa los avances, dificultades y compromisos en torno a la implementación integral del Acuerdo Final de Paz en Colombia. El espacio, convocado por congresistas de distintas bancadas, contó con la participación de entidades del Gobierno Nacional, organismos de control, vocerías internacionales y representantes de organizaciones sociales, que coincidieron en señalar la urgencia de acelerar las transformaciones en los territorios más golpeados por la violencia.

 

Seguridad y garantías en los territorios

Desde las primeras intervenciones, la preocupación por la seguridad fue un eje central. El representante a la cámara por el Partido Comunes Alberto Albán advirtió que “el proceso de paz no puede medirse solo por cifras macro, sino por la vida concreta de las comunidades. Si los líderes sociales siguen siendo asesinados, el acuerdo pierde legitimidad”.

 

En contraste, el Representante por el Centro Democrático José Jaime Uscátegui planteó reparos al enfoque actual: “vemos improvisación y falta de coordinación. No se trata de tener discursos esperanzadores, sino resultados verificables”. Una mirada que comparte la representante Katherine Miranda del Partido Verde al insistir en que la paz no será posible mientras persista la desconfianza en los territorios: “la gente reclama presencia integral del Estado, no más promesas incumplidas”. Por su parte, María Fernanda Aljure, lideresa social, recordó que el compromiso con la paz trasciende coyunturas políticas: “no puede ser que cada gobierno empiece de cero; necesitamos una política de Estado y no de turno”.

 

El cumplimiento del Acuerdo de Paz bajo la lupa

El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, defendió la estrategia gubernamental señalando que “este es un proceso vivo, que enfrenta resistencias, pero hemos avanzado en puntos cruciales como la reincorporación y los programas de sustitución de cultivos”. En esa misma línea, Gloria Cuartas, directora de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), destacó que “en los PDET hemos logrado articular más de 14 mil iniciativas comunitarias. El desafío ahora es que esa planeación se traduzca en obras concretas que dignifiquen la vida rural”.

 

Desde el Departamento Nacional de Planeación, Julián Arias, subrayó la necesidad de asegurar recursos de largo plazo: “la planeación multianual es clave para que los proyectos no queden a medias y la gente pierda confianza”. Especialmente para las y los firmantes de paz, la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller, afirma que el acento de implementación, actualmente debe estar enfocado en fortalecer el trabajo con excombatientes: “más de 13 mil personas en reincorporación están desarrollando proyectos productivos, pero enfrentan obstáculos de acceso a tierra y financiación”.

 

 

 

Presupuesto y voluntad política

El viceministro técnico de Hacienda, Gonzalo Hernández, expuso las limitaciones fiscales, aunque aseguró que “el presupuesto del posconflicto ha tenido un crecimiento sostenido. Lo que debemos lograr es mayor eficiencia en el gasto y una ejecución articulada entre entidades”. En contraste, la Procuraduría advirtió que “no basta con recursos; se requiere voluntad política y compromiso territorial para que la implementación sea una realidad verificable”.

 

Otro de los puntos abordados durante esta audiencia de control político, fue la necesidad de fortalecer la justicia en las regiones. Desde la Defensoría del Pueblo se insistió en la urgencia de “mejorar la presencia institucional y garantizar acceso efectivo a la justicia para las comunidades”. El representante de la Fiscalía aseguró que se están priorizando investigaciones relacionadas con amenazas y asesinatos contra firmantes del acuerdo, especialmente en lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos, voceros del Ministerio de Justicia señalaron que “el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos sigue enfrentando enormes dificultades, pero se trabaja en un nuevo enfoque que articule seguridad, proyectos productivos y participación comunitaria”.

 

Desde la comunidad internacional, la Misión de Verificación de la ONU reitera su respaldo a fortalecer las rutas que consoliden la paz total en nuestro país: “los avances son significativos, pero es urgente acelerar la implementación para no perder la confianza de las comunidades que apostaron por la paz”. Por su parte las organizaciones sociales también presentes en el debate, alertaron sobre la persistencia de la violencia: “los firmantes del acuerdo siguen siendo blanco de amenazas y asesinatos, y los campesinos que participan en sustitución están desprotegidos”, expresó un representante de plataformas territoriales.

 

Retos pendientes y camino hacia adelante

 

Un imperativo que debe liderar el Gobierno Nacional de manera urgente y diligente en cabeza del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Cada día que se mantiene el ruido de los fusiles y la paz no avanza, se cobra en la vida social, política, económica, cultural de las comunidades y Pueblos que viven en los territorios asechados por los grupos armados de toda índole, entre las que se encuentran las Bandas Urbanas Buenaventura, Medellín, Barrancabermeja y Quibdó – Tres Disidencias: Comuneros Del Sur, Coordinadora Nacional Bolivariana Estado Mayor y Bloques y Frentes Catatumbo,  Gaos, El  Clan Del Golfo – Conquistadores De La Sierra, quienes a través de múltiples manifestaciones, cartas, comunicados, han manifestado estar listos para la paz, y pese a ello, aún se encuentran a la espera que se firme la ley con la que podrán someterse a la justicia y posteriormente reincorporarse a la sociedad.

 

Para la Comisión de Paz, y para todas las y las colombianas el control político debe continuar de manera permanente como un mecanismo para exigir resultados concretos del Acuerdo y mantener el anhelo y construcción de la paz como una prioridad nacional. Sin duda la ruta de implementación es un camino de desafíos que deberá seguir pasando por las voluntades y profundos deseos de las presentes y futuras generaciones si queremos garantizar la vida, dignidad y justicia para millones de colombianos y colombianas a mediano y largo plazo en todos los rincones del país.