Seguridad y paz total: Los cuestionamientos al gobierno en la Comisión Segunda

Las cifras de seguridad en el país son alarmantes. Así lo advirtieron varios representantes a la Cámara durante el extenso debate, en el que el Gobierno, encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tuvo que salir a dar explicaciones.

 

Por: Argemiro Piñeros Moreno

 

Colombia vive una de las peores crisis de seguridad de los últimos años. Grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc no solo se han rearmado: se han expandido con poder, controlando territorios, imponiendo miedo y desafiando abiertamente al Estado. Su avance ha dejado una estela de homicidios, desplazamientos masivos, extorsiones y reclutamientos forzados, mientras comunidades enteras claman por protección.

 

La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes encendió las alarmas y citó un duro debate de control político para examinar el deterioro del orden público y exigir al Gobierno respuestas inmediatas.

 

Al debate fueron llamados el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el comandante de las Fuerzas Militares, Francisco Cubides; el director de la Policía, Carlos Fernando Triana; y el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, quienes tuvieron que enfrentar críticas directas a la política de “Paz Total” y a la estrategia contra el narcotráfico, señaladas por varios congresistas como las principales responsables del agravamiento de la violencia en el país.

 

 

Las cifras son preocupantes. La representante Carolina Giraldo Botero (Partido Verde), una de las representantes que citó el debate, presentó un diagnostico con base en datos de Human Rights Watch y la Fundación Pares: En los últimos años la presencia territorial del Clan del Golfo se ha incrementado en un 55%, del ELN en un 23% y de las disidencias de las FARC en un 30%.

 

«Cada vez más los grupos armados están en nuestros territorios haciendo presencia, significa que algo estamos haciendo mal. El monopolio de la fuerza debe estar exclusivamente en manos del Estado», afirmó Giraldo.

 

Cuestionó también que mientras Colombia sigue siendo el país más peligroso del mundo para defensores ambientales, los esfuerzos se están centrando en proteger a los 75 gestores de Paz.  «A mí esto es lo que más me ofende en realidad: que tengamos 75 personas nombradas como gestores de Paz, en donde el plan de trabajo tenía que estar desde el día uno y se demoraron meses para entregarlo. Los informes mensuales que deberían ser públicos ¿dónde están? ¿Qué han hecho realmente los gestores de paz para ayudar a la Paz? Porque ellos sí tienen camionetas. En cambio, los defensores de Derechos Humanos no tienen seguridad.»

Pero la crisis de seguridad va más allá, ya que no es solo la de los grupos armados: la violencia intrafamiliar está aumentando, los feminicidios no cesan y las violencias contra la población LGBT van en aumento. «Esto nos tiene que hacer pensar en cómo construir una sociedad más respetuosa donde logremos convivir en medio de las diferencias», concluyó la representante del Partido Verde.

Preocupación a la que se sumaron otros representantes a la Cámara como Luz Ayda Pastrana (Cambio Radical), quien advirtió que “la fracasada Paz Total está poniendo en peligro no solamente a los huilenses, a los colombianos, a nuestra fuerza pública; está poniendo en peligro la estabilidad de todo un país. En un tono similar, la representante Carolina Arbeláez (Cambio Radical), aseguró que “para nadie es un secreto que la paz total de Gustavo Petro es un fracaso total”, al advertir que “vemos una inseguridad desbordada, los grupos criminales fortalecidos y nuestras fuerzas militares debilitadas”, y cuestionó los nombramientos de “gestores de paz que tienen más de 800 procesos judiciales y hasta 18 condenas vigentes”.

 

Por su parte, el representante John Jairo Berrío (Centro Democrático) cuestionó que la Política de Paz total “ha maniatado a la fuerza pública. Además, alertó sobre la falta de garantías electorales en varias regiones: “¿Hay garantías para mi partido para poder desarrollar esta contienda? Yo las veo muy pocas señor ministro. Hay que tomar acciones claras y concretas”.

 

Ante todas esas preocupaciones el ministro de Defensa reconoció que hay indicadores en materia de seguridad que no son positivos pero que no estamos en un momento crítico. Explicó que no es cierto que Colombia volvió a la cifra de muertes de hace 30 años, porque actualmente se encuentra en 25.6, muy por debajo de los 84 homicidios por cada 100,000 habitantes que se registraban en 1991, en pleno auge del narcotráfico y el terrorismo de los carteles.  Agregó que en el 33% de los municipios de Colombia no ha ocurrido ningún homicidio durante 2025, lo que indica que la violencia está concentrada territorialmente. “Claro que estamos por encima de la tasa mundial y tenemos que ir para abajo”.

Agregó que la Fuerza Pública intensificó las operaciones ofensivas contra las estructuras criminales, logrando 3.671 neutralizaciones y 2.503 capturas en 2025. Asimismo, reportó 223 muertes en desarrollo de operaciones y 845 desmovilizados o sometido. “Realizar 452 combates más que el año anterior no es señal de desmoralización, es prueba del compromiso de la Fuerza Pública” enfatizó el funcionario.

 

 

El ministro informó también que en lo corrido de 2025 los casos de extorsión registraron una disminución del -12%, al pasar de 9.781 a 8.562. Adicionalmente, “Se crearon siete nuevos GAULA, dos militares y cinco policiales, uno de ellos en San Andrés, como parte de la estrategia para enfrentar el secuestro y la extorsión” afirmó el jefe de la cartera de Defensa.

En cuanto a la estrategia integral contra el narcotráfico, motivo por el cual Estados Unidos le reiteró a Colombia la certificación de la lucha contra las drogas, el ministro explicó que han sido incautadas en lo corrido del año 707 toneladas de cocaína. Lo que significa 5% más que el año pasado y 66 toneladas de pasta base, así como la destrucción de 4.813 laboratorios.

Por su parte el consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, defendió la estrategia de Paz Total argumentando que a pesar de los esfuerzos que se han hecho para terminar el conflicto armado, incluido el Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc, la violencia ha continuado. Por eso, el desafío actual no es superar el conflicto armado ni el terrorismo, sino superar la violencia en su sentido más amplio.  “Ese es el desafío que tenemos como Estado y como sociedad”. Ambas intervenciones no fueron bien recibidas por parte de los representantes por lo que este concluyó sin mayores consensos.