¿Justicia Restaurativa o Castigo? Avanza debate del Marco Jurídico para la Paz Total en la Cámara de Representantes

Por: Maricela Londoño

 

“El país contará con normas claras para lograr el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales, respetando siempre los derechos de las víctimas, una hoja de ruta para enfrentar el conflicto armado y el crimen organizado desde la justicia, la verdad y la reparación”, afirmó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, durante la radicación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes.

Se trata de un marco jurídico reclamado con urgencia por víctimas, comunidades y actores armados en territorios históricamente afectados por la violencia y la marginación, y que busca abrir un diálogo común sobre el país que queremos construir.

 

El proyecto y su ruta legislativa

El ministro Montealegre, junto con los representantes Alirio Uribe Muñoz, del Pacto Histórico, y Ana Paola García Soto, del Partido de la U, lidera la iniciativa en el Congreso. Desde la Comisión Primera de la Cámara se han realizado mesas de trabajo, diálogos intersectoriales y audiencias públicas en Tumaco, Medellín, Buenaventura y Bogotá, con planes de extenderlas a Pasto, Quibdó y Manizales. Allí participan congresistas, académicos, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y la comunidad internacional.

Según Montealegre, “el objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”. El proyecto busca corregir la dispersión normativa que hoy dificulta enfrentar a los grupos ilegales.

Uno de sus puntos centrales es que no todos los grupos recibirán el mismo tratamiento: los beneficios estarán condicionados a compromisos verificables como cesar ataques a la población, contar la verdad, reparar a las víctimas y avanzar en la reintegración.

Para la representante García, se trata de un complemento a la Ley 2272 de 2022 que permitirá abrir caminos de diálogo urbano: “Esta ley es fundamental para transformar la realidad de las ciudades y garantizar el derecho a la paz a través del diálogo como alternativa a la violencia”.

Uribe Muñoz recuerda que seis décadas de políticas represivas “no lograron frenar la criminalidad ni disminuir las economías ilegales. Este proyecto recoge esas lecciones para proponer salidas reales y efectivas”.

 

 

Alineación con el Acuerdo de Paz y la comunidad internacional

Desde la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Claudia Marcela Chávez enfatiza que la iniciativa debe armonizarse con el Acuerdo Final, incorporando la política pública de desmantelamiento y el Sistema Integral para el Ejercicio de la Política.

El representante de la ONU en Colombia, Scott Campbell, valoró la transparencia y la participación ciudadana en el debate: “Destacamos los avances al incluir financiadores y colaboradores dentro del sometimiento a la justicia y al priorizar máximos responsables mediante un enfoque macrocriminal”.

Organizaciones de derechos humanos y víctimas también han expresado su posición. Danna Ramírez, del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), destacó que no crea nuevas instituciones, sino que fortalece la justicia ordinaria con herramientas especializadas. Yessica Hoyos, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, pidió precisar responsabilidades individuales y colectivas, incluyendo a los financiadores de estructuras criminales.

 

Reparación y justicia restaurativa

El tema de la reparación es central. David Llinás, de la Comisión Colombiana de Juristas, recordó que la propuesta no implica impunidad, pero requiere ajustes para garantizar la entrega efectiva de bienes a las víctimas, aprendiendo de los vacíos del proceso de Justicia y Paz. En la misma línea, Jorge Enrique Vallejo, del Consejo Superior de la Judicatura, advirtió que es clave revisar la conservación de los bienes entregados para evitar conflictos con la propiedad privada.

Desde la sociedad civil, Diego Herrera Duque, de la Corporación Viva la Ciudadanía, subrayó que las audiencias públicas deben convertirse en espacios de pedagogía social, recordando que las decisiones finales dependen del Congreso, pero deben reflejar las expectativas ciudadanas.

Incluso sectores de la cultura se han sumado al debate. La artista Sandra Bibiana Díaz, del Circo Arte Kitchen, narró cómo el arte fue su refugio frente a la violencia y pidió que la gestión cultural se reconozca como herramienta de paz y transformación comunitaria.

 

 

 

Preocupaciones y limitaciones

Aunque la propuesta se considera de avanzada, genera inquietudes. Andrés Preciado, de la Fundación Ideas para la Paz, advierte que la diversidad y atomización de los actores armados podría limitar su aplicabilidad, ya que muchos grupos no aceptarían las condiciones planteadas. También señaló la necesidad de fortalecer la participación de las víctimas.

Uno de los puntos más polémicos es la inclusión de un tratamiento diferenciado para integrantes de la Primera Línea. El viceministro de Justicia, Jefferson Dueñas, aclaró que no se busca equiparar la protesta con delitos de alto impacto, sino establecer reglas específicas que permitan consolidar la paz, el orden público y la seguridad.

 

Desafíos políticos y sociales

El proyecto deberá superar un complejo trámite legislativo: lograr al menos 21 de 41 votos en la Comisión Primera, más de 90 en la plenaria de la Cámara y luego el mismo proceso en el Senado, donde la resistencia ha sido mayor a las propuestas del actual gobierno.

Para Alirio Uribe, el reto no es solo alcanzar los votos en el Congreso, sino avanzar con los ocho grupos armados con los que se dialoga: tres disidencias de las FARC, los Conquistadores de la Sierra, el Clan del Golfo y procesos urbanos en Medellín, Buenaventura y Quibdó. Según el congresista, deben garantizarse procesos claros de justicia, reparación y no repetición, además de condiciones de seguridad para quienes se sometan.

El consenso general es que el derecho a la paz debe ser el eje central. Las víctimas deben estar en el corazón del debate, al igual que el desmantelamiento de las economías ilícitas.

El proyecto cuenta con aval del Consejo Superior de Política Criminal. Según la viceministra de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Olga Lucía Claro, la iniciativa incorpora mecanismos de justicia restaurativa y beneficios condicionados para quienes se sometan voluntariamente: “No es impunidad. Se trata de entregar armas, bienes y verdad a las víctimas, de reparar y aportar a la no repetición. Incluso personas ya condenadas podrán contribuir a cambio de beneficios, porque debemos dar oportunidades de reinserción”.

 

 

Hacia una paz estable y duradera

Más allá de diferencias políticas o jurídicas, la apuesta es por construir un marco legal que permita avanzar hacia una paz estable y duradera. Para ello, será indispensable no solo la aprobación en el Congreso, sino el compromiso de los grupos armados, la participación de la sociedad civil y el respaldo de las instituciones.

El debate sigue abierto y, con él, la pregunta central: ¿justicia restaurativa o castigo? La respuesta dependerá de la capacidad del país para priorizar a las víctimas, garantizar la verdad, desmontar las economías ilícitas y construir un futuro de reconciliación.