Los entes de control reclaman mayores recursos en el presupuesto del 2026

La Comisión Primera de la Cámara convocó a los jefes de estos organismos para escucharlos sobre las necesidades financieras.

Por: Argemiro Piñeros

 

Poco conformes se mostraron los representantes de varios de los principales entes de control del país sobre la propuesta del Gobierno para cubrir sus necesidades de funcionamiento y fortalecimiento de cara al próximo año.

 

Lo hicieron precisamente durante el debate de presupuesto que se realizó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en cumplimiento del artículo 4º de la Ley 3ª de 1992, que ordena a todas las comisiones constitucionales emitir recomendaciones sobre el presupuesto.

En este caso, la Comisión Primera recoge las inquietudes de justicia y entes de control para elaborar un informe que será remitido a las Comisiones Económicas Tercera y Cuarta, responsables de definir el monto definitivo. Al debate hicieron presencia: el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo; la defensora del Pueblo, Iris Marín; delegados de la Contraloría General y de la Auditoría General.

Lo que sostienen los representes de los entes de control es básicamente que el dinero propuesto por el Gobierno no es suficiente. Por ejemplo, el magistrado Jorge Enrique Vallejo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura advirtió sobre un déficit de 4,4 billones de pesos en el presupuesto asignado para la Rama Judicial. “Para la vigencia 2026 solicitamos 16 billones de pesos y el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno nos asignara $11.6 billones. Esto garantiza el funcionamiento de la Rama Judicial pero no permite el fortalecimiento de la misma”, señaló.

Lo que impediría fortalecer la oferta judicial con la posibilidad de crear nuevos cargos permanentes, avanzar en servicios digitales y de tecnología para continuar modernizando la infraestructura física de las sedes judiciales.

Una situación más grave afrontaría la Defensoría del Pueblo. Así lo explicó la defensora Iris Marín al asegurar que la entidad necesita para 2026, 1.344 billones de pesos para su funcionamiento normal, pero el proyecto habla de $1.214. “No es solo que no vamos a tener lo solicitado para un funcionamiento básico, sino que vamos a tener un recorte con respecto a lo que tenemos este año”. Lo que afectaría directamente a las comunidades que son acompañadas en el país por esa entidad.

El panorama expuesto por la defensora tuvo un efecto inmediato en los representantes a la Cámara.

 

Óscar Campo (Cambio Radical), expresó su preocupación al comparar el panorama de seguridad del país con el presupuesto que se propuso entregar a la Defensoría.  Para eso, hizo referencia a datos sobre el aumento del reclutamiento de menores, desplazamiento y confinamiento en el país entre 2022 y 2024.

 

“Me pregunto yo, ¿no son lo suficientemente alarmantes (las cifras) para que el presupuesto sea coherente frente a un problema que se salió de las manos? Y me aterra ver la exposición de la defensora, que no solo no le incrementan lo requerido, sino que está por debajo de un 3%”.

Un argumento similar expuso el representante Duvalier Sánchez (Alianza Verde), quien no entiende como ante la situación de seguridad que enfrenta el país se propone reducir el presupuesto de una entidad encargada de velar por los Derechos Humanos.

 

 

“¿Cómo es posible que cuando en todo el país los grupos armados organizados, las disidencias de las Farc, aumentan el control territorial, se reduce el presupuesto de la entidad que en muchos casos es la única presencia que hace el Estado en esos territorios? (…) Es acá donde le solicitamos al Gobierno poder asignar en funcionamiento 63.000 millones de pesos y en inversión $66,000 millones de pesos”, expresó Sánchez.

Pero el debate no terminó ahí, la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde) fue más allá y cuestionó el hecho de que a la Defensoría no le adjudican el dinero solicitado mientras otras dependencias del Gobierno crecen desmesuradamente. “El presupuesto de Presidencia, crece en un 80%. Vamos a pasar de 600,000 millones de pesos de presupuesto a 1.1 billones de pesos. ¿Por qué? ¿Para contratos de logística, transporte, comida y eventos? ¿Para eso son los 600,000 millones de pesos más? Y puso como ejemplo también el Ministerio del Interior y otras entidades las cuales no menciono.

La representante Carolina Arbeláez (Cambio Radical) reforzó esas críticas mencionando que el Ministerio de la Igualdad había dejado sin ejecutar 1,5 billones de pesos. «Eso nos genera mucha preocupación y lo que nos llama es a una reflexión de cómo priorizar los recursos, sobre todo cuando estamos hablando en materia de justicia, que necesitamos un presupuesto solido precisamente para garantizar el acceso a la justicia para todos los colombianos”.

Ante esos cuestionamientos, el representante David Racero, coordinador del Pacto Histórico en la comisión, defendió la posición del gobierno explicando que el 92% del presupuesto para 2026 es inflexible, lo que limita significativamente la capacidad de hacer ajustes. Esta inflexibilidad incluye el servicio de la deuda (21,5%), el Sistema General de Participaciones (15,7%) y pensiones (14,8%).

Racero también justificó parte del incremento en gastos de personal señalando que incluye la dignificación salarial de los soldados, que pasaron de ganar el 30% de un salario mínimo en 2022 a recibir un salario mínimo completo, lo que «obviamente» aumenta el gasto en personal del presupuesto. Por eso hizo énfasis en que se apruebe la ley de financiamiento.

“¿Saben cuál es la solución, que se apruebe la ley de financiamiento que el año pasado negaron? Y el Congreso no aprobó el año pasado el presupuesto más alto de la historia porque al Gobierno le tocó pasarlo por decreto (…) Vamos a buscar dinero si ¿Y eso cómo se va a facilitar si aprobamos la ley de financiamiento? Díganme que 25 billones es muy alto, ajustémoslo”, concluyó el representante Racero.