Voz y Voto para Juntas Comunales

Avances en el reconocimiento de las Juntas de Acción Comunal como actores de la economía popular, comunitaria y solidaria

Por: Paula Ximena Maldonado

 

En barrios, veredas y corregimientos de todo el país, las Juntas de Acción Comunal (JAC) han sido, durante décadas, el corazón de la organización ciudadana y el primer eslabón en la construcción del tejido social. Ahora, con la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley No. 081 de 2024 radicado en la Cámara, estas organizaciones podrían obtener un nuevo reconocimiento como actores fundamentales en la economía popular, comunitaria y solidaria.

 

La iniciativa, debatida y aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, busca modificar la Ley 743 de 2002 para fortalecer el papel económico de las JAC y demás organismos de acción comunal, permitiéndoles participar de manera más activa en proyectos productivos, programas de desarrollo y alianzas con entidades públicas y privadas.

 

 

Durante la sesión, varios representantes destacaron la importancia de este proyecto para brindar herramientas jurídicas y operativas que reconozcan el potencial transformador de estas organizaciones. El ponente del proyecto, representante del Partido Verde por Antioquia, Juan Camilo Londoño, explicó que el objetivo del proyecto es

 

“dotar a las juntas y demás organismos comunales de herramientas normativas, organizacionales, financieras y administrativas que les permitan cumplir de manera más efectiva con su función social en los territorios”.

 

Vargas subrayó que, según cifras oficiales, en Colombia existen más de 63.000 Juntas de Acción Comunal, presentes en todos los departamentos y municipios, muchas de las cuales hoy enfrentan obstáculos para su operación por falta de apoyo estatal.

 

El proyecto plantea, entre otros aspectos, la posibilidad de que las Juntas de Acción Comunal celebren convenios con entidades públicas para ejecutar obras comunitarias, accedan a líneas de financiamiento con tasas diferenciales, desarrollen proyectos productivos, y reciban formación en economía solidaria y gestión administrativa. También se habilita la posibilidad de que celebren convenios con el Estado y se promueve su acceso preferencial a procesos de contratación, siempre y cuando existan estudios técnicos que lo justifiquen.

 

Esta iniciativa también responde a un contexto nacional en el que la economía popular ha cobrado un lugar central en la agenda legislativa. En muchos municipios, las JAC son los únicos actores organizados que logran sostener huertas comunitarias, centros culturales, brigadas de salud y redes de cuidado. Reconocerlas como parte activa de la economía es también abrirles la puerta al fortalecimiento institucional y a la autonomía financiera. “El apoyo que han recibido estos organismos por parte del Estado en los últimos años ha sido importante, pero sigue siendo insuficiente”, recalcó el ponente.

 

Uno de los debates más destacados fue el relacionado con el artículo sobre compras públicas. El representante del Valle del Cauca por el Partido de la U, Víctor Manuel Salcedo, expresó su preocupación sobre los criterios preferenciales: “Debemos actuar con responsabilidad. Una cosa es fortalecer la economía popular y otra muy distinta es poner en riesgo la libre competencia”, señaló. En respuesta, el ponente aclaró que ese artículo fue eliminado tras las recomendaciones del Ministerio del Interior y que se establecieron mecanismos más técnicos para otorgar puntajes adicionales en procesos de contratación.

 

 

El proyecto también contempla beneficios para los dignatarios de las juntas, como la posibilidad de recibir honorarios por su gestión y el acceso a capacitación y asistencia técnica permanente. El representante del Partido Liberal por Arauca, Germán Rogelio Rozo respaldó la iniciativa, señalando que

 

“hoy las juntas están desarrollando obras que muchos contratistas no ejecutan. Este proyecto inicia el proceso de fortalecimiento institucional que tanto necesitan”.

 

Desde la Comisión también se evidenció el potencial transformador del modelo. La representante por Cundinamarca del Pacto Histórico, Alexandra Vázquez compartió la experiencia de su departamento, donde “más de 300 proyectos de placa huella en 105 municipios han sido ejecutados por Juntas e Acción Comunal con buenos resultados”, y destacó la organización que existe en su departamento para capacitarlas y acompañarlas en sus procesos.

 

Pese a algunas reservas en torno a los alcances de los artículos sobre economía mixta, la ponencia fue respaldada por todos los miembros de la comisión, incluidos aquellos que pidieron ajustes específicos para el segundo debate. El articulado fue aprobado por unanimidad, luego de aceptar varias modificaciones propuestas por los representantes Andrés Forero, Alexandra Vázquez y Gerardo Yépez.

 

Aunque aún faltan debates para su aprobación definitiva, el Proyecto de Ley 081 de 2024 representa un avance clave en la modernización de la legislación comunal. Para miles de líderes y lideresas que trabajan de forma voluntaria por el bienestar colectivo, esta ley significa más que una reforma: es un acto de justicia con quienes han sostenido el desarrollo local a pulso, entre convites, mingas y proyectos autogestionados.

 

Desde el Congreso, se espera que este nuevo marco jurídico no solo mejore las condiciones operativas de las Juntas de Acción Comunal, sino que les brinde la posibilidad de convertirse en protagonistas de una economía con rostro comunitario, solidario y territorial.