Por la reconciliación desde los territorios «Pensemos a Colombia en paz»

En el marco de la puesta en marcha del convenio de asociación CA 1590 de 2025, cuyo propósito es promover la construcción de una cultura de paz en Colombia, desde y con los territorios.

Por: Maricela Londoño Castro.

 

Convenio expuesto en la Comisión Legal de Paz y Posconflicto el cual tiene como principal objetivo, fortalecer los espacios para la escucha, el diálogo y la construcción colectiva desde los territorios.

 

¿Colombia en paz?

La persistencia de dinámicas de violencia, exclusión y estigmatización en diferentes regiones del país sigue siendo uno de los grandes desafíos para la consolidación de la paz. La Comisión Legal de Paz y Posconflicto ha orientado sus esfuerzos hacia la pedagogía de paz y la participación ciudadana, reconociendo que la paz no es un punto de llegada sino un proceso que debe ser tejido con la sociedad civil, desde sus experiencias, memorias y resistencias.

En este sentido, el convenio CA 1590 de 2025 busca ir más allá de las declaraciones simbólicas: su objetivo es territorializar la paz, hacerla cotidiana, real, vivida en comunidad. Esto se refleja en una estrategia metodológica compuesta por tres fases: una etapa preparatoria de mapeo de actores y diseño de agendas inclusivas; una segunda fase de desarrollo, en la que se realizan paneles temáticos, talleres vivenciales, ejercicios de cartografía social, teatro del oprimido y biodanza; y una tercera fase de sistematización y producción de herramientas que alimenten la política pública de paz.

 

Paz con enfoque territorial y diferencial

El enfoque del proceso será reconocer el territorio como un espacio vivo, con historia y memoria. Cada encuentro regional se construirá desde una perspectiva diferencial, participativa y con enfoque de “acción sin daño”, lo que significa actuar con cuidado frente a contextos marcados por el dolor, la desigualdad y el conflicto.

Además, el convenio articula marcos normativos como la Ley 1448 de 2011 y decretos étnicos como el 4633 y 4635, así como la Resolución 0388 de 2013, que promueven la inclusión real de todos los grupos poblacionales en los procesos de paz. Esto permite que las voces que históricamente han sido silenciadas puedan hoy participar, proponer y construir desde sus vivencias.

 

Pedagogía, memoria y política pública

Uno de los propósitos centrales de la Comisión Legal de Paz y Posconflicto es fomentar una cultura de paz mediante herramientas pedagógicas como la Cátedra de Paz, la cartilla y la caja de herramientas, además de conmemorar el Día Nacional de la Paz con eventos simbólicos, académicos y ciudadanos.

En palabras del representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz – CITREP # 4 Norte de Santander, Diógenes Quintero Amaya, también integrante de la Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí: “lo que hemos propuesto es que los encuentros se realicen en lugares que tengan en cuenta las dinámicas del conflicto armado en todo el país. No nos podemos concentrar solo en un tipo de conflicto, como el de guerrillas y fuerza pública, sino también en las nuevas dinámicas, tanto urbanas como rurales, que hoy afectan a Colombia”.

El congresista señaló además que para el segundo semestre del año se espera el empalme con una nueva mesa directiva que continuará con este proceso y destacó que el cierre del proyecto está previsto para el 4 de diciembre: “Queremos que estos encuentros dejen insumos tangibles que sean útiles para la discusión política y pública nacional sobre cómo construir la paz en Colombia”, añadió.

 

La urgencia de la escucha real

Por su parte, el representante Jhon Fredi Valencia Caicedo, de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz – CITREP # 11 Putumayo, miembro del Consejo Comunitario Los Andes, advirtió sobre la necesidad de que las instituciones escuchen de forma honesta y sin fórmulas repetidas a las comunidades más afectadas: “Si yo voy al departamento del Putumayo, por ejemplo, ya sabemos cuáles son las necesidades: no hay agua potable, no hay educación, no hay colegio, no hay saneamiento básico, no hay empleo, no hay Internet. Y eso se repite en muchos territorios del país”, expresó.

Según Valencia, es clave que los diálogos no ignoren lo ya manifestado por las comunidades, y que se reconozca el aporte valiente de más de 150.000 víctimas que se han atrevido a declarar su verdad.

“Yo creo que el camino es que la Comisión de Paz y todas las instituciones del Gobierno Nacional se pongan a disposición de los acuerdos que hoy están avanzando con actores como la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano. Que hagamos audiencias en los territorios y respondamos a lo que está ocurriendo a diario. No se trata solo de un buen proyecto, sino de lograr transformaciones reales que beneficien al país”, concluyó.

 

Cumplirles a los territorios, un reto pendiente

La necesidad de fortalecer la credibilidad del Estado en los territorios también fue destacada por el representante por el Putumayo Carlos Adolfo Ardila Espinosa, del Partido Liberal. En su intervención, hizo un llamado urgente frente a los incumplimientos del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos: “Los campesinos dicen: no me han cumplido, no me han pagado. Así, ocho meses sin pago. Y si un programa no le paga a sus proveedores, está condenado al fracaso. Hay que prender las alertas”.

Ardila recordó que las deudas vienen desde el gobierno anterior y persisten en la actual administración. “Acaban de anunciar que van a sustituir 30.000 hectáreas en Putumayo este año, pero todavía hay proveedores a los que hace diez meses no se les paga. ¿Cómo van a hacer?”

A pesar del panorama crítico, celebró la estrategia de la Comisión como una oportunidad para tender puentes entre el Congreso y los territorios: “Gran iniciativa que nos va a permitir ser ese vaso comunicante y tener insumos para plantear discusiones,” expresó.

La paz no se impone, se construye, y para construirla, es necesario reconocer al otro, dialogar con respeto y dignidad, y garantizar espacios donde las comunidades puedan expresar lo que sienten, lo que sueñan y lo que necesitan.

Pensar a Colombia en paz implica un compromiso institucional y ciudadano, encuentros como este demuestran que ese camino —aunque largo y lleno de retos— es posible si se transita colectivamente, con memoria, justicia y participación.