Por una salud mental más cercana y oportuna

Proyecto busca actualizar la Ley 1616 de 2013 e implementar estrategias en entornos especiales como colegios, cárceles y zonas rurales.

Por: Paula Ximena Maldonado Pinzón

 

En medio de un contexto nacional donde la salud mental se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y sanitarias, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes avanza en el primer debate del Proyecto de Ley No. 220 de 2024 Cámara – 063 de 2023 Senado. Esta iniciativa propone la actualización de la Ley 1616 de 2013, con el fin de fortalecer la atención en salud mental mediante estrategias diferenciadas que respondan a las necesidades de poblaciones y territorios específicos.

 

El proyecto, radicado por los senadores Beatriz Lorena Ríos, Pedro Hernando Flórez, Enrique Cabrales y Gustavo Adolfo Moreno, tiene como eje central la atención en salud mental oportuna, integral y con enfoque territorial, especialmente en lo que el articulado define como entornos especiales. Entre ellos se encuentran los espacios educativos, los centros de reclusión, las zonas rurales dispersas, las instituciones laborales y otros escenarios con condiciones particulares de vulnerabilidad o riesgo.

 

El ponente coordinador, Jorge Alexander Quevedo, representante a la Cámara del Partido Conservador por el Guaviare, habló de los sectores que se verían impactados por la iniciativa “se busca impactar a todos los que están en el sistema carcelario, tanto las personas privadas de su libertad como los guardias y familiares; el personal del sistema de salud, la comunidad educativa, como los docentes y estudiantes; así como la realización de una política post Covid”

 

La emergencia sanitaria por COVID-19 dejó al descubierto las grietas del sistema de salud mental en Colombia.

 

El confinamiento, el duelo, la pérdida de empleos y la sobrecarga emocional aumentaron de forma significativa los casos de ansiedad, depresión y estrés postraumático, especialmente entre jóvenes, mujeres y trabajadores de primera línea. Sin embargo, también puso en evidencia la urgencia de contar con una política pública robusta, descentralizada y adaptada a los nuevos desafíos psicosociales. El proyecto de ley retoma esas lecciones e incorpora medidas que permiten fortalecer la respuesta institucional ante crisis futuras, incluyendo la obligatoriedad de planes de contingencia en salud mental, el uso de herramientas digitales para ampliar la cobertura, y la articulación entre sectores como educación, trabajo y justicia en la atención integral de los usuarios.

 

 

Una de las novedades más relevantes de la propuesta legislativa es su intención de garantizar la presencia de equipos interdisciplinarios en los entornos involucrados, con herramientas y protocolos ajustados a cada contexto. Además, impulsa la consolidación de redes de apoyo psicosocial y promueve la articulación efectiva entre los niveles local, regional y nacional en el diseño e implementación de políticas públicas. Durante el primer debate se destacó que esta actualización responde a una necesidad urgente: pasar de un enfoque reactivo a uno preventivo, que promueva el bienestar emocional y reduzca las brechas de acceso a atención en salud mental.

 

El proyecto de ley también propone la inclusión obligatoria de líneas de salud mental en los planes de desarrollo, la priorización presupuestal de programas enfocados en prevención y atención, así como el fortalecimiento del primer nivel de atención en salud. Igualmente, plantea campañas para eliminar el estigma y fomentar la sensibilización pública frente a los trastornos mentales, y exige la formación continua del talento humano en salud con perspectiva psicosocial y comunitaria.

 

El punto que generó mayor discusión durante el debate fue la inclusión del componente psicoespiritual dentro de la atención integral en salud mental. Este enfoque busca reconocer la dimensión espiritual como parte del bienestar emocional de las personas, en especial en contextos comunitarios, rurales o de alta vulnerabilidad. El representante del Pacto Histórico por el Valle del Cauca, Alfredo Mondragón Garzón expresó su preocupación sobre los límites conceptuales y operativos de este factor, señalando la necesidad de evitar interpretaciones ambiguas o intervenciones que carezcan de base técnica. “Es cierto que varias congregaciones de distinta orientación filosófica y religiosa, quieran hacer esas contribuciones, pero de lo que hay que cuidarse es de que esas orientaciones no terminen desplazando el componente técnico y científico”.

 

 

A pesar del debate, el representante Quevedo reconoció la inclusión del factor psicosocial como una forma de reconocer la diversidad cultural del país y el papel que las prácticas espirituales tienen en los procesos de sanación emocional, sobre todo en comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

 

“El enfoque psicoespiritual del proyecto deberá garantizar la pluralidad y diversidad de creencias, el respeto a los derechos fundamentales y en ningún caso podrá sustituir los tratamientos basados en evidencia o condicionar la prestación de servicios de salud mental”, aclaró el ponente.

 

Al cierre del debate, los congresistas subrayaron que esta iniciativa busca que la salud mental deje de ser un tema marginal para convertirse en una prioridad estatal. Su aprobación representaría un paso decisivo en la consolidación de un sistema de salud más humano, preventivo y universal, especialmente en momentos en los que la estabilidad emocional de las comunidades se enfrenta a múltiples desafíos.

 

El Proyecto de Ley No. 220 de 2024 ya fue aprobado para segundo debate. De avanzar, actualizará el marco normativo vigente y permitirá implementar políticas con mayor impacto y pertinencia. Una apuesta por el cuidado de la mente, en todos los rincones del país.