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El Río Saldaña será Sujeto de Derechos

Comisión Quinta, aprueba el Pago por Servicios Agroecológicos

Por Christian G. Sanchez Chamorro

 

La célula legislativa avanzó en el trámite de proyectos ambientales y de desarrollo agrario, en medio de tensiones por el riesgo de «lavado verde» mediante compensaciones minero-energéticas.

La agenda legislativa de esta comisión, se destacó por el trámite de iniciativas estructurales para la protección del medio ambiente y el fomento de la economía campesina. El primer logro de la jornada fue la aprobación unánime del Proyecto de Ley 302 de 2026, mediante el cual se reconoció a la cuenca mayor del Río Saldaña, en el departamento del Tolima, como sujeto de derechos. La ponencia, sustentada por el representante José Luis Bórquez, argumentó la necesidad urgente de salvaguardar el caudal frente a la grave afectación derivada de la contaminación con agroquímicos, el vertimiento de aguas negras y las amenazas latentes de 177 solicitudes y 128 títulos mineros en la zona.

El articulado aprobado obliga a la creación de una Comisión de Guardianes, integrada por autoridades locales, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) y comunidades campesinas, para garantizar un plan de acción trimestral que recupere este ecosistema estratégico, hogar del oso andino y de más de 362 especies endémicas.

 

 

Posteriormente, la corporación dio paso al debate del Proyecto de Ley 119 de 2026, el cual crea el mecanismo de Pago por Servicios Agroecológicos (PSA ECO). La ponente, la antioqueña Ana Ligia Mora, del Centro Democrático, defendió que la iniciativa representa una evolución frente al tradicional Pago por Servicios Ambientales (PSA), ya que permite al campesinado «producir conservando y conservar produciendo». El proyecto fomenta la adopción de prácticas como la captura de carbono, la protección del recurso hídrico y la sustitución de agroquímicos por bioinsumos, otorgando a los campesinos incentivos que reconozcan su labor esencial para el país.

 

Luis Bohorquez

 

A pesar del respaldo general al espíritu de la ley, el debate se fracturó durante la discusión del Artículo 13, el cual habilitaba a las empresas mineras y petroleras a utilizar el financiamiento de proyectos agroecológicos como medio para cumplir con sus compensaciones ambientales por licenciamiento. Desde el partido de oposición Pacto Histórico, el representante José Luis Bórquez exigió frenar lo que catalogó como una puerta a la impunidad ambiental:

 

«¿Vamos a crear un instrumento para remunerar al campesino por cuidar la naturaleza o vamos a crear un mecanismo para que las empresas puedan cumplir sus obligaciones ambientales financiando actividades agroecológicas? Esto es abrirle la puerta a que los hidrocarburos y las mineras que hacen afectaciones ambientales puedan a través de esta figura, escúseme la frase y la contundencia, hacer lavado verde. Yo puedo financiar ayudar a sembrar en una finca, pero eso no va a reparar el daño del bosque, humedal o ecosistema hídrico destruido».

 

La proposición de Bórquez para prohibir expresamente esta práctica a la industria extractiva fue respaldada por sectores del Pacto Histórico. El representante Luis Fernando Ballesteros insistió en que los daños hídricos y territoriales causados por la minería son irreparables:

 

«Si fuera un tema de interpretación, ¿por qué negarse a ser más específico y concreto el artículo para que no se busque camuflar delitos ambientales? En Pueblo Flecha, en Córdoba, una comunidad vive hace décadas de la caña flecha y Cerro Matoso les destruyó las reservas. ¿Ustedes creen que se puede hablar de equivalencia cuando se destruyen las fuentes de sustento económico? El hecho de que yo pueda comprar a un campesino no me puede eximir de reparar un daño irreparable. No estamos de acuerdo con que exista un mico que busque generar impunidad».

 

Presidente Comisión Quinta

 

No obstante, legisladores independientes defendieron el texto original argumentando que la figura obedece al estricto manual de compensaciones de las autoridades ambientales. El representante Alejandro de La Osa aclaró que el licenciamiento ambiental no equivale a la comisión de delitos:

 

«Se está interpretando de manera automática que una compensación pueda ser hecha con PSA ECO. Es una de las opciones que se pueden abrir, pero debemos entender que son las autoridades ambientales las encargadas de autorizar o darle vía libre. Una cosa es un delito ambiental y otra cosa es un licenciamiento ambiental. No se está abriendo la puerta para un lavado de la actividad, se está haciendo que las compensaciones que provienen de licenciamiento ambiental completamente legal tengan esta opción previa autorización».

 

Finalmente, el Artículo 13 fue aprobado sin las modificaciones restrictivas solicitadas, superando su primer debate con 13 votos a favor y 2 en contra. Antes de levantar la sesión, la comisión aplazó la discusión del Proyecto de Ley 245 de 2026, sobre el paisaje cultural minero de Caldas, con el fin de robustecer sus sustentos jurídicos y organizar mesas de concertación territorial.

 

 

 

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