Comisión Quinta Aprueba en Primer Debate Política Pública Nacional de Descarbonización

La iniciativa busca fortalecer la transición energética mediante el uso de biogás y biometano. Los legisladores advierten la necesidad de proteger a los pequeños productores y garantizar la seguridad alimentaria frente al desarrollo energético

Por Christian Sanchez

 

La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes concentró su sesión en el trámite legislativo del Proyecto de Ley 575 de 2026 (Cámara) – 186 de 2025 (Senado), cuyo propósito es la creación de una Política Pública Nacional de Descarbonización impulsada por biogás y biometano. El informe de ponencia, presentado con sentido positivo, superó la etapa de discusión general, dando paso a la votación del articulado.

 

“…legisladores expresaron inquietudes frente a los posibles efectos de aplicar regulaciones estandarizadas”

 

El representante ponente, Luis Ramiro Ricardo Huelvas, defendió la iniciativa argumentando que el país requiere aprovechar los recursos que brinda la naturaleza, especialmente en las zonas dispersas, transformando la generación de residuos en una cadena de valor energético. Señaló que la implementación de esta política no solo contribuirá al cumplimiento de los compromisos internacionales de Colombia en la reducción de gases de efecto invernadero, sino que representará una oportunidad clave para el desarrollo rural a fin de cerrar brechas territoriales.

 

 

Durante el desarrollo del debate, diversos legisladores expresaron inquietudes frente a los posibles efectos de aplicar regulaciones estandarizadas. El representante José Luis Bohórquez advirtió que clasificar a las redes comunitarias de biogás bajo el mismo régimen tarifario y regulatorio de las grandes industrias podría llevarlas a su desaparición:

«En una vereda o en una asociación que lleva gas de un biodigestor común a las cocinas de sus vecinos, podría quedar enmarcado como servicio público domiciliario. Eso le implicaría organizarse como prestador, inscribirse ante la Superintendencia de Servicios… y el efecto que puede hacerse es que esa pequeña red campesina comunitaria va a tener que dejar de usar la tecnología del biodigestor porque le van a imponer una serie de cosas como si fuera un gran empresario. Si va a haber un marco diferente a escala para los pequeños, bueno, creo que eso sí es igualdad».

 

Asimismo, el debate técnico profundizó en la necesidad de no afectar la soberanía alimentaria con la excusa de la producción de energías alternativas. Desde otra perspectiva política, el representante Renzo Alexander García Parra instó a incorporar a las comunidades locales en la construcción de los mapas de planeación territorial para biogás, y solicitó establecer garantías que eviten la sustitución de la producción agrícola por el sector energético:

«No todos los residuos orgánicos pueden ser destinados para la producción de biogás o biometano. Hay residuos orgánicos que son fundamentales para el ciclaje energético de la fertilidad de los suelos y también para la producción de alimentos. El tema del biogás y del biometano no puede volverse competencia con derechos fundamentales como es el derecho a la alimentación que está claramente reconocido en el artículo 65 de nuestra Carta Magna. No podemos estar destinando proyectos productivos que se vuelvan competencia para la soberanía alimentaria de este país».

 

 

Ante las múltiples proposiciones no avaladas, se acordó dejarlas como constancias para ser estudiadas detenidamente en una mesa técnica antes de la presentación de la ponencia para el siguiente debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Finalmente, con la aprobación del título y la pregunta que define su tránsito a plenaria, el proyecto continuó su curso legislativo de forma unánime.

El avance de esta iniciativa marca un hito en la política ambiental y energética. El Congreso reafirma su compromiso con la transición energética sostenible, advirtiendo que su reglamentación futura deberá equilibrar la eficiencia industrial con la protección de las redes campesinas, la seguridad alimentaria y la estabilidad fiscal del Estado.

 

 

 

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