Se le acaba el tiempo al Ministerio de la Igualdad

Por: Edwin Gutiérrez

 

En medio de un intenso debate político, jurídico y presupuestal, las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara avanzan en el estudio del proyecto de ley que busca crear oficialmente el Ministerio de Igualdad y Diversidad, una de las principales apuestas sociales del saliente Gobierno de Gustavo Petro.

El trámite se desarrolla bajo presión, luego de que la Corte Constitucional estableciera como fecha límite el próximo 20 de junio para que la iniciativa sea aprobada en su totalidad; de lo contrario, la cartera desaparecería jurídicamente.

 

…sectores afines al Gobierno defienden el ministerio como una herramienta para reducir brechas sociales y fortalecer la atención a poblaciones vulnerables…

 

La iniciativa ya superó la aprobación de la proposición positiva para darle primer debate, impulsada además con mensaje de urgencia e insistencia por parte de la Casa de Nariño.

Mientras sectores afines al Gobierno defienden el ministerio como una herramienta para reducir brechas sociales y fortalecer la atención a poblaciones vulnerables, congresistas de oposición advierten sobre problemas de ejecución, sostenibilidad fiscal y manejo administrativo.

 

Durante la discusión, la representante liberal Karyme Mota explicó que varias de las propuestas rechazadas pretendían trasladar directamente entidades como Prosperidad Social, la Unidad de Víctimas y dependencias relacionadas con la implementación del acuerdo de paz al nuevo ministerio, lo que —según advirtió— podría generar riesgos de inconstitucionalidad. La congresista aseguró que existe una concertación para que Prosperidad Social quede adscrito al sector administrativo del Ministerio de Igualdad mediante el artículo 11, considerado “el quid del asunto” dentro del debate legislativo.

 

Mota también defendió la continuidad del Fondo del Ministerio de Igualdad, creado inicialmente en el Plan Nacional de Desarrollo, al asegurar que permitirá mantener programas y proyectos dirigidos a poblaciones vulnerables. Sin embargo, desde distintos sectores surgieron cuestionamientos sobre la forma en que se ejecutan esos recursos.

El representante Hernán Darío Cadavid, del Centro Democrático, lanzó fuertes críticas contra la gestión presupuestal del ministerio y citó ocho hallazgos advertidos por la Contraloría General relacionados con deficiencias contables, baja ejecución, problemas contractuales y fallas de supervisión. Según afirmó, la ejecución efectiva de la cartera apenas alcanzaría el 4,9 %, situación que, en su criterio, impide seguir aprobando el proyecto “a toda velocidad” sin resolver antes las observaciones de los organismos de control.

 

A su turno, la representante Jennifer Pedraza del movimiento Dignidad y Compromiso pidió que el nuevo ministerio garantice contrataciones bajo criterios meritocráticos mediante concursos públicos y no a través de mecanismos provisionales. También cuestionó el manejo de los recursos del Fondo de Igualdad, al advertir que existe una “tercerización en cadena” que dificulta la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos.

La discusión continuará la próxima semana en medio de un ambiente altamente polarizado, donde el futuro del Ministerio de Igualdad se ha convertido en uno de los debates sociales, jurídicos y fiscales más sensibles de la agenda legislativa nacional.