Audiencia por la democratización del sector energético

La Comisión Quinta de la Cámara acogió a gobierno, gremios y usuarios para enriquecer el proyecto que hace trámite en el legislativo.

Por: Jorge L. Cermeño G.

 

A raíz del proyecto de ley sobre la democratización del sistema eléctrico en el país, radicado el pasado 21 de octubre en la Secretaría General de la Cámara de Representantes por el Gobierno Nacional, encabezado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, la Comisión Quinta de la corporación realizó una audiencia pública para conocer más a fondo las inquietudes, dudas y aportes de los sectores interesados en la iniciativa.

En el recinto de sesiones “Jorge Eliecer Gaitán” de la Comisión Quinta de la Cámara se reunieron sectores y agremiaciones, entre ellas la Asociación Colombiana de Ingenieros, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (ANDESCO), la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN), así como sindicatos y comités de usuarios de servicios públicos de todo el país.

 

Para el representante del Partido Liberal por el departamento de Caldas, José Octavio Cardona León, el proyecto tiene razones importantes, entre ellas resolver problemas relacionados con los costos.

 

Para José Octavio Cardona León, el proyecto tiene razones importantes, entre ellas resolver problemas relacionados con los costos. “Uno de cada cinco colombianos aduce dificultades para pagar el servicio; en muchas regiones del país todavía utilizan velas o espermas para alumbrar y leña para cocinar, lo que produce enfermedades como el EPOC”. Asi mismo, el legislador caldense señaló que, mientras Quindío, San Andrés y Bogotá presentan pobreza energética del 2 %, departamentos como Vichada, Vaupés y La Guajira alcanzan el 70 %.

 

De la misma manera, el representante Cardona citante a la audiencia pública cuestionó el llamado “cargo por confiabilidad”, un seguro que pagan todos los colombianos desde hace más de 19 años y que anualmente cuesta más de 6,2 billones de pesos.

 

El citante a la audiencia pública cuestionó el llamado “cargo por confiabilidad”, un seguro que pagan todos los colombianos desde hace más de 19 años y que anualmente cuesta más de 6,2 billones de pesos. Señaló que este mecanismo se ha desnaturalizado, pues su propósito inicial era modernizar el sistema y aumentar la capacidad de generación, algo que no se ha visto reflejado en una mayor disponibilidad de energía.

 

Catherine Simanca, representante de ANDESCO —gremio que agrupa a más de 160 empresas de servicios públicos y comunicaciones— afirmó que no ven una reducción de tarifas como propone el proyecto.

 

Por su parte, Catherine Simanca, representante de ANDESCO gremio que agrupa a más de 160 empresas de servicios públicos y comunicaciones— afirmó que no ven una reducción de tarifas como propone el proyecto. Por el contrario, advirtió que varios de sus artículos podrían generar un aumento en los costos para los usuarios. Agregó que, aunque la iniciativa tiene un objetivo loable, no aborda un riesgo creciente: el desabastecimiento de energía y gas natural.

Leandro Castañeda, presidente de ANDEG, afirmó que el proyecto es inconveniente y está fuera de contexto, ya que no aborda la principal preocupación del sector y de los usuarios: las tarifas. Señaló que, por el contrario, introduce elementos que pueden causar daños colaterales, como afectaciones al cargo por confiabilidad del sector eléctrico. En cuanto a las implicaciones internacionales, manifestó que la propuesta legislativa genera incertidumbre para los inversionistas, afecta proyectos ya adjudicados y futuras subastas.

Raúl Lancheros, director de Asuntos Sectoriales de ACOLGEN, aseguró que el proyecto busca reducir tarifas, pero lo plantea mediante cambios estructurales que afectan la arquitectura regulatoria, generan incertidumbre jurídica y comprometen la viabilidad financiera de toda la cadena energética. Sobre el “cargo por confiabilidad”, explicó que el mayor riesgo del proyecto es modificar este esquema, un mecanismo que ha funcionado durante 20 años.

También, la Asociación Colombiana de Ingenieros participó en la audiencia a través de Albidio Godoy, presidente de la Comisión Técnica de Energía, quien se refirió al tema específico de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Señaló: “Proponemos que la CREG pase a ser una entidad del Ministerio de Minas y Energía, que es quien dicta las políticas públicas, para evitar cruces de información y diferencias de criterios.

 

 

Por último, Marco Luis Tous, presidente del Comité de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, manifestó con claridad su apoyo a la iniciativa: “venimos en defensa de un espacio en la CREG, porque la voz de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios en Colombia —más de 20 millones de personas— necesita un asiento en esa comisión para poner en práctica lo que hemos llamado la democratización de la energía y su justa regulación”. Hoy la dignidad de un usuario implica que se le respeten sus derechos fundamentales, como el acceso al servicio de energía”, puntualizó el representante de los usuarios.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, en un tono pausado y conciliador, agradeció la participación de todos los asistentes, pero recalcó: “aquí solo hemos visto negativas por parte de los gremios, diciendo que el proyecto no sirve y no soluciona los problemas energéticos del país. Y quizá tengan razón: no resuelve todos los problemas, pero esperamos resolver algunos. No he visto propuestas; a los gremios a veces los une más la oposición total que el planteamiento de alternativas”.

 

 

Añadió Palma: “cada uno de los artículos de este proyecto ha sido debatido, construido y abierto al escrutinio público; se discutió en distintos foros y se publicó ampliamente. Si es necesario concentrarnos en ciertos puntos, lo haremos. En cuanto a la conformación de la CREG, ¿quién tiene más sentido de pertenencia con una empresa que un trabajador? Abrir espacio al trabajador es difícil, igual que permitir que un usuario integre la CREG, pero esto será parte del debate”.

También mencionó la experiencia de los colombianos con la autogeneración de energía, especialmente mediante paneles solares, que sigue en aumento y se ha convertido en la única forma efectiva de enfrentar las altas tarifas actuales. Indicadores del Ministerio de Minas y Energía muestran que más de 300.000 personas han salido de la pobreza energética este año, gracias a programas como Colombia Solar y Comunidad Energética.

En los próximos días la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes programará el estudio del proyecto de ley 432 de 2025, que busca establecer mecanismos de regulación del sector energético con el fin de garantizar la prestación del servicio público de energía eléctrica, promover la equidad en el acceso a subsidios, asegurar la sostenibilidad financiera del sistema, impulsar la eficiencia energética y fortalecer la transparencia en la facturación. Todo indica que la iniciativa, de origen gubernamental, contará con el apoyo de la mayoría de los legisladores del Congreso de la República.

 

 

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