“El hambre no se erradica con buenas intenciones”

Por: Ana Paola García Soto

 

 

Esta semana, en Ciudad de México, tuve el honor de ser elegida como Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre para Sudamérica, durante el I Foro Parlamentario Iberoamericano y Caribeño por la Seguridad Alimentaria. Recibo esta designación con profunda gratitud y con una enorme responsabilidad: la de representar no solo a mi país, Colombia, sino a millones de personas en nuestra región que siguen enfrentando el rostro más injusto de la desigualdad: el hambre.

Asumo este reto convencida de que el hambre no se erradica con buenas intenciones, sino con políticas, presupuestos y decisiones valientes. Desde esta coordinación, mi compromiso es construir puentes entre los parlamentos y las comunidades, para que los diagnósticos se conviertan en acciones concretas, medibles y sostenibles en el territorio.

Esta elección tiene un valor estratégico para Colombia. Nos permite consolidar el liderazgo que nuestro país ha venido ejerciendo en la defensa del derecho humano a la alimentación, reconocido en nuestro ordenamiento nacional. Desde aquí impulsaremos estándares comunes de seguimiento con presupuestos anuales, indicadores públicos y reportes periódicos, alineados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2: Hambre Cero.

Nuestra agenda será clara y con enfoque territorial. Promoveremos una hoja de ruta que incluya asignaciones presupuestales anuales para la seguridad alimentaria, la creación de indicadores públicos comparables y reportes técnicos trimestrales. Pero, sobre todo, daremos voz a quienes históricamente han sostenido la alimentación del continente: las mujeres rurales, las comunidades indígenas, afrodescendientes y de la pesca artesanal. Porque estoy convencida de que la lucha contra el hambre comienza en el campo.

Desde Colombia llevamos una experiencia que quiero compartir con la región: la Ley de Mujer Rural, Campesina y de la Pesca, una herramienta que impulsa el acceso a la tierra, al crédito, a la educación y a la producción sin desarraigo. Esta ley permite que las entidades territoriales destinen hasta un 5% de sus presupuestos al empoderamiento económico de las mujeres rurales y fortalece el Fondo de Fomento para la Mujer Rural (FOMUR). Estoy convencida de que esta norma puede convertirse en un modelo exportable para toda Sudamérica.

 

Sin embargo, las leyes, por sí solas, no bastan. Es urgente pasar del reconocimiento normativo al impacto real en los territorios. En Colombia, la inseguridad alimentaria afecta a millones de personas y cientos de niños han sido víctimas de desnutrición aguda. Cuando digo “cientos”, pido imaginar el Estadio Azteca lleno: esa es la magnitud de la tragedia que enfrentamos. Por eso insisto en que las normas deben estar acompañadas de recursos, cronogramas y mecanismos de verificación.

Este nuevo cargo no lo asumo sola. Lo hago respaldada por aliados comprometidos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional (AMEXCID), cuyo acompañamiento técnico ha sido clave. Pero también sé que ningún esfuerzo será suficiente sin una coalición efectiva entre congresos, gobiernos locales y sociedad civil organizada.

Hoy reafirmo mi compromiso: trabajaré para que el hambre deje de ser una cifra y se convierta en un recuerdo del pasado. Porque cada plato vacío en nuestra región nos interpela como humanidad. Y porque creo profundamente que el desarrollo comienza cuando todos, sin excepción, tenemos la posibilidad de alimentarnos con dignidad.

 

*La información, puntos de vista, ideas, percepciones y posición ideológica expresadas son responsabilidad de cada uno de sus autores.