Congreso estudia reforma para equilibrar el poder en la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca

Por: Pablo Andrés Cabrejo Ardila

 

El Congreso de la República recibió un nuevo Proyecto de Acto Legislativo que busca modificar el artículo 325 de la Constitución Política de Colombia, con el propósito de establecer el marco constitucional para la creación de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca. La iniciativa pretende fortalecer la integración entre la capital y los municipios circunvecinos, garantizando un desarrollo equilibrado, sostenible y con plena participación ciudadana.

 

El proyecto, presentado conforme a los artículos 154 de la Constitución y 140 de la Ley 5 de 1992, tiene como objetivo actualizar la figura jurídica que permita la creación de una región de carácter especial y superior jerarquía. Esta estructura facilitaría la planeación conjunta de políticas públicas en temas clave como movilidad, servicios públicos, ordenamiento territorial y sostenibilidad ambiental, sin afectar la autonomía de los municipios que contempla el artículo 287 de la Carta Magna.

 

La propuesta no busca eliminar la autonomía territorial, sino fortalecerla mediante un nuevo modelo de gobernanza metropolitana que promueva la cooperación y la coordinación institucional. Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la eliminación de los poderes de veto que actualmente ostentan la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá, los cuales han generado desequilibrios en la toma de decisiones regionales.

 

“La idea es garantizar una gobernanza equitativa, donde todos los municipios tengan voz y voto en las decisiones que impactan el desarrollo de la región”, señala el documento. Con ello, se pretende eliminar las asimetrías de poder y asegurar la participación igualitaria de todos los actores territoriales” afirmó uno de los autores Edward Sarmiento Representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

 

El proyecto también resalta la importancia de la democracia participativa. En este sentido, establece que la consulta popular será un mecanismo obligatorio y vinculante, mediante el cual los ciudadanos podrán decidir si sus municipios se incorporan o no a la Región Metropolitana. Asimismo, en los casos donde existan comunidades indígenas, se garantizará el cumplimiento del derecho a la consulta previa, conforme al Convenio 169 de la OIT y la legislación nacional.

 

De acuerdo con sus proponentes, la creación de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca permitirá enfrentar de manera coordinada problemas estructurales como el transporte, la gestión de recursos naturales y la prestación de servicios públicos, bajo un esquema de equidad fiscal que asegure la justa distribución de responsabilidades y beneficios. “Bueno, para lograr las modificaciones que queremos a esa figura tan amenazante para los territorios y las autonomías de los municipios que se llama región metropolitana. Hemos radicado dos proyectos: por un lado, un acto legislativo que busca modificar el artículo 325 mediante el cual se creó la figura de la región metropolitana hace unos 34 años, y de esa manera poder solucionar algunos de los problemas más graves, especialmente los relacionados con el veto de Bogotá y del gobernador de Cundinamarca, las decisiones del posible Consejo Regional y la ausencia de la consulta popular, que son tal vez dos de los asuntos más importantes”

 

En resumen, el proyecto de acto legislativo propone un modelo de integración que armoniza los principios de autonomía, democracia participativa y desarrollo sostenible, fomentando una toma de decisiones más inclusiva y equitativa. De ser aprobado, este marco constitucional representaría un paso decisivo hacia una planificación regional más justa, eficiente y respetuosa de la diversidad territorial.

 

Esta ley orgánica busca reglamentar la consulta popular para la región metropolitana, solventar problemas como que el director no tiene periodo, que se están cobrando impuestos de vehículos a personas en municipios que ni siquiera se han vinculado a la región metropolitana, y corregir varios de los problemas de la Ley Orgánica 2199, fortaleciendo la capacidad de decisión de los ciudadanos y de los municipios.

 

 

 

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