De la desconfianza a la transparencia: un nuevo camino para la contratación pública

Juan Carlos López Rodríguez nacido en Mocoa Putumayo, abogado con Especialización en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Colombia, Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, funcionario de la secretaria general de la Cámara de Representantes desde hace 18 años, coordina y dirige la oficina de archivo de gestión de la secretaria general y apoya en temas de trámite legislativo y hace parte del equipo de trabajo del área de Leyes.

 

En Colombia, detrás de cada obra inconclusa, de cada contrato frustrado, suele haber una historia que no aparece en los titulares de diarios y noticieros de televisión, y esa es: la declaratoria desierta de un proceso de licitación. No recibe tanta atención mediática como un escándalo de corrupción, ni es tan llamativa como la inauguración de un megaproyecto, pero en silencio este fenómeno —esa declaración desierta— retrasa carreteras, suspende hospitales, y congela escuelas. Entre otros muchos asuntos: todo eso afecta directamente a la comunidad.

 

Ese limbo administrativo desierto, donde las promesas se quedan en papeles, los recursos no se ejecutan y los ciudadanos terminan desesperanzados mirando un lote vacío que algún día iba a ser parque, una escuela o un hospital. Allí, en esa figura jurídica poco comprendida, se esconde una buena parte del rompecabezas de la ineficiencia estatal.

 

Lo que a primera vista parece un trámite normal y sencillo es una decisión jurídica motivada por el incumplimiento de requisitos o la falta de ofertas viables— en realidad encierra un fenómeno más amplio que habla de improvisaciones, vacíos normativos, acuerdos personalísimos, tensiones políticas y una ciudadanía que aún desconfía por sobrados motivos de cómo se administran los recursos públicos.

 

… en ese proceso la transparencia y la eficiencia son claves para optimizar los recursos.

 

La contratación pública es el corazón administrativo de cualquier entidad estatal. Allí se definen obras, proyectos y servicios que afectan directamente la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin embargo, cuando una licitación se declara desierta, no solo se detiene un proceso: se siembra desconfianza, se posterga el desarrollo y se abren espacios donde la opacidad y el clientelismo pueden instalarse con facilidad.

 

La contratación es uno de los aspectos más importantes de toda entidad pública, en ese proceso la transparencia y la eficiencia son claves para optimizar los recursos; dentro de ese procedimiento administrativo se presentan algunas falencias, donde puede ocurrir que una entidad puede en un momento dado no adjudicar un contrato, es decir que un contratista es rechazado, situación que se presenta porque el oferente no cumplió con lo exigido por la ley.

 

La declaratoria desierta de una contratación, no solo es un capricho del contratante, se da por razones jurídicas, cuando el contratista no presenta ofertas convincentes o cuando estas no cumplen requisitos mínimos, para ser adjudicadas, situación que vicia su trámite y no lo hace fiable.

 

Hacia un nuevo marco

La discusión no debe quedarse en diagnósticos. Es urgente una reforma que defina criterios objetivos para las declaratorias desiertas, establezca sistemas preventivos de supervisión robustos y potencie la tecnología como aliada de la transparencia. Solo así la contratación estatal podrá dejar de ser percibida como un terreno de sospechas y convertirse en un verdadero motor de equidad, desarrollo y confianza institucional.

 

Al observar el proceso de licitación pública, con ocasión de la declaratoria desierta en la contratación estatal, desde la perspectiva normativa, jurisprudencial y doctrinal, se ha observado que, si bien existe una enriquecida normatividad en materia de contratación estatal y en el trámite habitual de la licitación pública, esto no ocurre frente a aquellos eventos en los que se declara desierta la licitación.

 

En Colombia, en lo que se refiere a la declaración de desierta en las licitaciones públicas, se presentan una serie de ambigüedades que generan incertidumbre tanto para oferentes, como para las entidades contratantes. Más que tratarse de un problema normativo, se ha evidenciado un problema social arraigado a la cultura política de corrupción, clientelismo, favoritismo y prevalencia de los intereses particulares. Sumado a ello, también es cierto que la corrupción se ha propiciado y facilitado por deficiencias normativas reflejadas en la falta de fijación de criterios claros y objetivos para determinar aspectos importantes que permitan, como identificar cuándo una licitación debe ser declarada desierta, los medios de valoración de estos, su alcance y los mecanismos efectivos para garantizar la transparencia y la imparcialidad en este proceso.

 

Normas abundantes, vacíos persistentes

En Colombia, pese a contar con una normativa amplia en contratación estatal, la figura de la declaratoria desierta sigue siendo ambigua: los criterios carecen de claridad y uniformidad, lo que abre espacio a prácticas poco transparentes como pliegos hechos a la medida, requisitos excluyentes o manipulaciones que conducen a un fracaso anunciado. Aunque la jurisprudencia y la doctrina enfatizan principios como publicidad, transparencia y responsabilidad, la distancia entre la norma y la práctica revela que el problema es cultural, pues en un contexto marcado por corrupción y favoritismo, las declaratorias desiertas se convierten en un terreno fértil para la inmortalidad administrativa.

 

Transparencia: más que un principio, un reto

 

El control ciudadano y el periodismo investigativo son aliados naturales en este camino, pues ejercen presión social para que las decisiones sean explicadas y sustentadas.

 

La transparencia se menciona con frecuencia, pero su aplicación práctica se diluye. No basta con normas; se requieren mecanismos eficaces de control. Una alternativa que empieza a abrirse paso en otros países es el uso de plataformas digitales de acceso abierto, donde la ciudadanía pueda monitorear, en tiempo real, los criterios de adjudicación y las razones de una declaratoria desierta. El control ciudadano y el periodismo investigativo son aliados naturales en este camino, pues ejercen presión social para que las decisiones sean explicadas y sustentadas.

 

Si bien existe una enriquecida normatividad y jurisprudencia en torno a la disposición de los principios fundamentales de la contratación estatal y de la administración pública, tales como la publicidad, la transparencia, la economía, la responsabilidad, la selección objetiva y la integridad o moralidad pública. Lo cierto, es que aún son muchas las autoridades que se alejan del marco ético y legal, cuyos principios buscan promover la eficiencia y la equidad en los procesos de contratación pública en general. La aplicación práctica de estos principios suele ser limitada debido a la falta de herramientas y mecanismos concretos para su implementación. Además, se ha observado una brecha significativa entre la teoría y la práctica en lo que respecta a la aplicación de estos principios, lo que sugiere la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para garantizar su cumplimiento efectivo.

Con todo ello, es válido poner de manifiesto la necesidad de reformar el marco normativo en materia de contratación pública en Colombia, con el fin de superar las deficiencias existentes y fortalecer las garantías de transparencia, imparcialidad y eficiencia en los procesos de licitación pública. Esto requerirá la adopción de medidas concretas para clarificar los criterios de declaración de desierta, así como para fortalecer los mecanismos de control y supervisión que aseguren la salvaguarda de los principios fundamentales de la contratación pública en todas las etapas de la licitación pública.