El Congreso en Modo COP16

Por: Paola Andrea Arenas Mosquera

Jefa Oficina de Información y Prensa Cámara de Representantes

 

Colombia le cumplió al mundo con la realización en nuestro país, en la ciudad de Cali, de la Conferencia de las Partes del Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica COP16, la más importante cumbre de biodiversidad del planeta, entre el 21 de octubre y el primero de noviembre de 2024.

Durante dos semanas, los habitantes de la bella Sucursal del cielo y del pujante Valle del Cauca fueron anfitriones de este certamen internacional que deja una herencia que trasciende los escenarios construidos para crear soluciones globales a desafíos ambientales. El legado de la COP16 permea todas las capas sociales para un cambio de mentalidad y cultura, siendo ésta su principal ganancia.

Los vallecaucanos lograron hacer sentir que la COP16 era un asunto de toda la Nación. Hicieron que autoridades locales y representantes de la sociedad civil de los 32 departamentos se apropiaran de cada espacio como una vitrina potente para mostrar lo mejor de su territorio. Y mientras la conocida como capital mundial de la salsa y deportiva de América demostraba desde sus parques y plazas emblemáticas, convertidas en una gran Zona Verde, por qué también es capital de la alegría, la reconciliación, los ríos y la biodiversidad, en otro extremo de esa amalgama y sincretismo de culturas en el Centro de Eventos Valle del Pacífico o Zona Azul (el espacio formal de negociaciones liderado por Naciones Unidas), se adelantaba la búsqueda de consensos para establecer los compromisos de cada uno de los estados miembros (23 mil delegados de 196 países) en torno al plan de acción para evitar los efectos del cambio climático en el planeta que habitamos.

Allí, en ese recinto de conversación global, legisladores del mundo desarrollaron con nuestro Congreso en pleno como anfitrión el Foro de Parlamentarios por las Transiciones Económicas para el Cuidado, la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad, del cual salió la declaratoria que busca reafirmar el compromiso urgente de transitar hacia economías sostenibles que permitan hacer la paz con la naturaleza. A través de esta declaración pública, los congresistas y parlamentarios se comprometieron a fortalecer los marcos legislativos de sus países en función de garantizar el aumento de la financiación para la conservación y el monitoreo continuo a las políticas ambientales.

 

Es por lo expuesto hasta este momento que, desde esta tribuna de opinión de la rama legislativa, cobra sentido destacar lo que más allá de lo proyectado en el panorama de la legislación ambiental internacional se configura -como escenario propio- lo que aporta nuestro país a ese gran ecosistema de actores del mundo y que debemos reivindicar dentro de nuestras narrativas.

Los colombianos, por ejemplo, somos pioneros en la búsqueda del reconocimiento de los desplazados climáticos; así que, muy a pesar de todos los problemas sociales que nos agobian, no hemos postergado nuestro llamado al Estado desde el Congreso de la República e instituciones como la Corte Constitucional de que existe el desplazamiento forzado interno como consecuencia del cambio climático, la degradación ambiental y los desastres naturales. Por ello, nuestra rama legislativa ha venido abordando la discusión acerca del restablecimiento de los derechos de las personas con esta condición.

A los actores políticos se les atribuye mucho su responsabilidad en el caos que generan las divisiones y la polarización de su medio. No obstante, hace justicia que el país y el mundo conozcan que las dinámicas deliberativas en el congreso no solo surgen de bancadas establecidas desde ideologías y posturas políticas. Algunas nacen de causas defendidas por equipos que técnicamente legislan en función de temas y banderas irrenunciables. Así nació en el año 2022, por ejemplo, la bancada del Macizo Colombiano en la Cámara de Representantes.

Nuestro macizo o “Nudo de Almaguer”, declarado desde 1979 por la UNESCO como reserva de la biósfera de relevante diversidad biológica y cultural, abraza ecosistemas de bosque de selva andina, humedales, páramos y zonas donde nacen nuestros principales ríos y fuentes hídricas. Es la Estrella Orográfica Fluvial Colombiana que aporta el 70 % del agua del país, razón por la cual, sin sumar muchos otros motivos, esta corporación cuenta con una bancada para proteger este poderoso conjunto montañoso.

 

No pensaba ganarse Colombia la sede de la COP16 cuando se instaló la Comisión bicameral de Agua y Biodiversidad de Senado y Cámara, como culminación de 12 años de servicio desde la Red Nacional por el derecho fundamental al agua y su gobernanza para que, desde nuestras fuentes y ecosistemas protegidos, podamos garantizar la seguridad hídrica, la estabilidad ecológica global, la mitigación del cambio climático y el ejercicio pleno de los derechos humanos y ambientales. Esta comisión busca materializar el compromiso, la voluntad y las acciones de ciudadanos, líderes y organizaciones articuladas en el cuidado de nuestro patrimonio de naturaleza.

…Y es que en el capitolio, el ambiental no es un tema de moda. Una mirada a la legislación en esta materia confirma que la democracia representativa, que ha hecho posible la credencial de sus actores, reviste a las comunidades que ellos representan de ese poder que se materializa en muchas decisiones que blindan nuestra amenazada biodiversidad. Desde 1994 se adoptó el Convenio sobre Diversidad Biológica, cuyo objetivo es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible para todos. En el año 2021 se reafirmó en la corporación este compromiso con el ejercicio sancionatorio que establece la ley de delitos ambientales, penalizando la deforestación y el tráfico de fauna, entre otros, con penas de hasta 15 años de cárcel. En octubre de 2022 se aprobó el famoso Acuerdo de Escazú para fortalecer las políticas y acciones ambientales en las regiones del país. El pasado 7 de julio entró en vigencia la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso tales como pitillos, mezcladores y bolsas. Hoy en el mercado no se pueden comercializar ocho productos y en 2030 dejarán de circular al menos 14 categorías.

 

Se debe recordar que, desde años anteriores a su sanción en 2014, la ley 1715 abrió la primera ventana regulatoria de energías renovables y transición energética en Colombia, complementada y robustecida en el 2021 con la ley 2099, que hizo varias modificaciones a la primera, así como nuevas implementaciones para el desarrollo y promoción de fuentes no convencionales de energía (energías limpias) y su integración al sistema nacional energético.

Por supuesto nos falta mucho y, de la misma forma como en temas de turismo, ya no será suficiente pensarse cómo hacerlo de forma sostenible para minimizar el impacto negativo en el medio ambiente y las comunidades locales sino, además, de una manera regenerativa para ir más allá con la restauración y el mejoramiento de los ecosistemas. Existe una producción legislativa que evidencia que Colombia debe avanzar para asumir los desafíos, pero no está en pañales en materia de regulación ambiental.

Por eso llevamos también el Congreso a la zona verde de la COP16. Desde allí, el espacio donde no se daban las negociaciones, aunque la interacción con la gente era permanente, vivimos la democracia participativa en cada espacio de escucha activa, lo que permitió a los ciudadanos retroalimentar a sus congresistas que venían al territorio a rendirles cuentas.

 

El reto está presente: lograr que nuestras ciudadanías activas conozcan, comprendan y se apropien de las normas desde un liderazgo colectivo de conciencia y que la educación ambiental para el cuidado de nuestro entorno habite en los hogares y en los colegios para que, desde la primera infancia, la mentalidad y la cultura nos ayuden a contrarrestar lo que después será más complejo evitar.

El legado de la COP16 vive y trascenderá porque, inevitablemente, somos la generación a la que le correspondió reconciliarse con la naturaleza.